NUEVA LEY DE ECONOMÍA DIGITAL ENCIENDE DEBATE POR LAS FACULTADES QUE OTORGA A HACIENDA

La nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos abrió un debate sobre el alcance de las atribuciones que contempla para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aunque la legislación busca impulsar el uso de medios electrónicos y facilitar la trazabilidad de las operaciones comerciales, especialistas advierten que algunas disposiciones podrían generar problemas constitucionales y dudas sobre la manera en que se aplicarán las nuevas obligaciones.

La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa el 6 de octubre. Entre los objetivos señalados se encuentra reducir el uso de efectivo en determinadas actividades económicas y facilitar las labores de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos es la facultad que tendría Hacienda para determinar qué sectores y actividades económicas estarían obligados a aceptar exclusivamente pagos digitales.

Los especialistas que han cuestionado la norma consideran que las decisiones sobre qué sectores quedarían sujetos a esas restricciones deben contar con bases claras establecidas por el Congreso. A su juicio, dejar aspectos centrales a la definición posterior de una autoridad administrativa podría abrir la puerta a decisiones discrecionales, especialmente si la legislación no establece criterios suficientemente precisos para determinar las actividades afectadas y las condiciones de aplicación.

Otra preocupación se relaciona con la libertad de comercio y con las posibles dificultades que podrían enfrentar negocios pequeños y personas que no cuentan con una cuenta bancaria, una tarjeta o acceso estable a internet. Para establecimientos con márgenes de ganancia reducidos, la aceptación de pagos electrónicos también puede representar costos adicionales por comisiones, terminales y servicios financieros.

Los analistas han señalado además que la norma debe aclarar aspectos como los montos a partir de los cuales se exigirían los pagos digitales, las excepciones en caso de contingencias y los procedimientos de supervisión. La falta de precisión en estos elementos podría generar incertidumbre tanto para los comercios como para los consumidores, especialmente ante fallas bancarias, interrupciones de internet o problemas técnicos.

No obstante, las advertencias de los especialistas no significan que la ley haya sido declarada inconstitucional. Se trata de cuestionamientos jurídicos que tendrían que evaluarse a partir del texto definitivo, sus disposiciones de aplicación y, en su caso, las resoluciones de los tribunales competentes.

El desafío para las autoridades será encontrar un equilibrio entre la modernización de los pagos, la transparencia financiera y la fiscalización, sin crear barreras desproporcionadas para los comercios ni excluir a las personas que todavía dependen del efectivo. La manera en que se definan y apliquen las nuevas reglas será determinante para conocer el impacto real de la legislación en la economía mexicana.