SIGUEN PREMIANDO EL FRAUDE QUE ES SEGALMEX CON GRANDES CONTRATOS

Uno de los mayores esquemas de presunta corrupción detectado en la administración anterior no solo quedó impune, sino que aún funciona con el aval de exdirectivos y diputados federales.

Empresas implicadas en el desfalco de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) —con antecedentes de irregularidades, sobreprecios y documentación falsa— han vuelto a ser beneficiadas con contratos millonarios a través de licitaciones públicas a modo y adjudicación directa.

Entre estas compañías sobresale Soluciones Logísticas Inteligentes S.A de C.V (SLI) que ha recibido al menos tres contratos por un total superior a 558 millones de pesos, bajo condiciones de opacidad, de acuerdo con Compras MX.

La empresa había sido previamente señalada por su participación en esquemas de corrupción e incumplimiento de requisitos administrativos indispensables para este tipo de procesos de contratación.

En 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en la Cuenta Pública de 2019 que Segalmex no acreditó el destino de más de mil millones de pesos debido a diversas irregularidades en el otorgamiento de contrataciones públicas.

Documentos internos apuntan a que la compañía Soluciones mantiene vínculos con Francisco Javier Borrego Adame, actual diputado federal, y con Tania Alejandra Valdez Reyes, exgerente de operaciones de Segalmex.

Además, fuentes internas consultadas por este diario señalan que el legislador federal ha ejercido presión directa en las áreas responsables de licitaciones y gracias a información obtenida por funcionarios que dirigieron el organismo en su etapa más opaca.

Es decir, de Ignacio Ovalle, exdirector del organismo y cesado en ese cargo (pero no en la administración pública) tras comprobarse el desvío de miles de millones de pesos, así como de Leonel Cota Montaño, quien asumió después el cargo de Segalmex, y militó en los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, y ahora es miembro de Morena.

En esta lista también aparece Miguel Carrillo Villarreal, exdirector de Precios de Garantía de dicho organismo y quien también sería un participante de la empresa SLI. Entre 2019 y 2022, el programa a su cargo presentó varias irregularidades, de acuerdo con las revisiones de las cuentas públicas en ese periodo de la ASF.

Segalmex fue planeado para fusionar a Liconsa y Diconsa con el fin de garantizar la autosuficiencia alimentaria de las poblaciones más vulnerables con un proceso de distribución de alimentos básicos más rápido y efectivo. Al final, la unión entre las dos entidades no se logró y en sus primeros años de operación, Segalmex presentó anomalías en la entrega de recursos.

Y es que además de las licitaciones a modo, el corporativo SLI recibió concesiones excepcionales para el traslado de insumos, tarifas elevadas por tonelada-kilómetro y selección preferente de rutas y vehículos, lo que derivó en sobrecostos para el erario y un posible daño patrimonial.

Lejos de corregir estas prácticas, el organismo reapareció en el proceso de licitación pública nacional LA-08-VSS-008VSS005-N-47-2025, bajo el nuevo nombre institucional de Alimentación para el Bienestar, S.A. de C.V que aglutina a las antiguas Segalmex y Diconsa.

A través de su Subgerencia de Adquisiciones de este organismo se convocó a los interesados a participar para la contratación del servicio de fletes terrestres destinados al traslado de maíz, frijol, equipos, materiales e insumos relacionados con programas de alimentación social durante el ejercicio fiscal del presente año.

Una licitación en donde aparece como proveedor SLI y otros antiguos proveedores de la era del priista Ignacio Ovalle, exdirector de Segalmex.

Una situación que sugiere que el cambio de nombre no implicó una transformación real en los métodos ni en la ética institucional, tal como lo prometieron en su momento las autoridades federales.

Incluso, todo apunta a que se seguirá el mismo modus operandi en el que se desviaron millones de pesos y se documentó abuso de poder por parte de estas empresas.

Esto debido a que hay indicios de que la empresa habría incumplido en documentación oficial como pólizas de seguro y tarjetas de circulación, además de recibir condiciones preferenciales en movilizaciones logísticas.