SEÑALAMIENTOS SOBRE LA ELECCIÓN DE PUEBLA ALCANZAN A LA NUEVA PRESIDENTA INTERINA DEL INE

Blanca Yassahara Cruz García, recientemente nombrada presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral, enfrenta cuestionamientos relacionados con su gestión anterior al frente del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Según una investigación publicada por Proceso, durante las elecciones locales de 2024 fue señalada por presuntas irregularidades en el manejo de votos y en la contratación del sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares, conocido como PREP.

Uno de los señalamientos fue presentado por Mario Riestra Piña, entonces candidato del PAN a la alcaldía de Puebla, quien denunció que habría existido una diferencia de más de 27 mil votos entre los resultados asentados en las actas de casilla y los cómputos finales. Según la acusación, sufragios obtenidos por Morena habrían sido transferidos a Fuerza por México, partido aliado que con ello habría logrado conservar su registro. La denuncia involucró a funcionarios y consejeros del organismo electoral poblano, incluida Cruz García.

La investigación periodística también cuestionó el costo del PREP contratado para aquellos comicios. De acuerdo con los datos publicados, el contrato con la empresa Grupo Proisi habría comenzado en 55 millones de pesos y el gasto total habría llegado a 68 millones al incluir otros conceptos. A pesar de ese desembolso, se reportaron fallas en el sistema y cuestionamientos sobre el acceso a las imágenes de las actas, así como discrepancias en los cómputos.

Estos señalamientos deben distinguirse de una resolución judicial o administrativa definitiva. La existencia de una denuncia y de cuestionamientos sobre un proceso electoral no demuestra por sí sola que la persona señalada haya cometido una falta. Para establecer responsabilidades se requieren investigaciones, pruebas y resoluciones de las autoridades competentes.

El caso cobra relevancia porque Cruz García asumió de manera provisional la presidencia del INE en medio de una transición institucional, luego de la salida de Guadalupe Taddei. La nueva responsabilidad coloca bajo mayor escrutinio su trayectoria y la forma en que el organismo atenderá las dudas sobre la integridad de los procesos electorales.

La transparencia será determinante para que las acusaciones puedan esclarecerse. La ciudadanía tiene interés en conocer si las denuncias de 2024 fueron investigadas, qué documentación existe sobre las diferencias señaladas y cuáles fueron las conclusiones de las autoridades. También será importante que el INE mantenga la continuidad de sus funciones y garantice que los cuestionamientos se atiendan con evidencia y procedimientos institucionales.