EMPRESA VINCULADA A JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ CASILLAS OBTUVO CONTRATOS CON ORGANISMOS ELECTORALES DE 14 ESTADOS

Las contrataciones de proveedores electorales vuelven a estar bajo escrutinio después de que una investigación de El Financiero reportara que Corporativo Zeg, propiedad del empresario José Alfredo Hernández Casillas, participó en 36 procedimientos de contratación con organismos públicos locales electorales de 14 estados del país. El empresario ha sido mencionado en reportes sobre presuntas irregularidades en contratos relacionados con el Instituto Nacional Electoral y por su supuesta cercanía personal con Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del organismo.

De acuerdo con registros de la Plataforma Nacional de Transparencia citados por el diario, la empresa obtuvo contratos mediante distintos mecanismos, entre ellos adjudicaciones directas, invitaciones restringidas y licitaciones. Entre los organismos mencionados se encuentran autoridades electorales de Veracruz, Coahuila, Aguascalientes, Sonora, Campeche y Ciudad de México.

La información publicada refiere, por ejemplo, contratos con el organismo electoral de Veracruz por cuatro millones 50 mil pesos mediante adjudicación directa, además de otro por 134 mil 903 pesos obtenido tras una invitación a tres empresas. En Coahuila, Corporativo Zeg obtuvo un contrato por 12 millones 394 mil pesos por adjudicación directa y otro por 69 millones 470 mil pesos mediante licitación.

Hernández Casillas se dedica al suministro de materiales utilizados en procesos electorales. En los reportes también aparecen otras empresas relacionadas con él, entre ellas Cajas Graf, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México. La Unidad de Inteligencia Financiera ha sido citada en investigaciones periodísticas por identificar una red de compañías proveedoras bajo revisión por presuntas prácticas irregulares, incluida la posible simulación de competencia en licitaciones.

La Auditoría Superior de la Federación anunció que revisaría presuntas irregularidades en contrataciones relacionadas con el INE. Las investigaciones buscan establecer si existieron conflictos de interés, colusión u otras anomalías en el uso de recursos públicos. La revisión de contratos con organismos locales amplía el alcance del caso, aunque la celebración de contratos por sí sola no demuestra que se haya cometido un delito.

El tema adquiere relevancia porque las autoridades electorales administran recursos públicos y necesitan contratar materiales y servicios para organizar elecciones confiables. Para determinar si hubo irregularidades será necesario conocer los expedientes de contratación, las condiciones de competencia, los bienes y servicios entregados y las conclusiones de las auditorías.

Hasta que concluyan las investigaciones, las acusaciones deben mantenerse como presuntas. La transparencia en los contratos y la publicación de los resultados de las revisiones serán fundamentales para aclarar si las adjudicaciones cumplieron con la ley y si existe alguna responsabilidad administrativa o penal.