ROSA ICELA RODRÍGUEZ RECHAZA QUE EL CRIMEN ORGANIZADO CONTROLE 30 POR CIENTO DEL TERRITORIO NACIONAL

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, rechazó que el crimen organizado controle 30 por ciento del territorio nacional, después de que legisladores de oposición le cuestionaran durante su comparecencia en el Senado sobre un documento que plantea la existencia de regiones donde grupos criminales tienen un alto nivel de control.

La funcionaria compareció a puerta cerrada ante la Junta de Coordinación Política del Senado como parte del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante el encuentro, legisladores de oposición cuestionaron la situación de seguridad y utilizaron como referencia un documento titulado “¿Quién controla México? Mapa térmico del control del narcotráfico y del cobro de piso por estado y ciudad”, publicado por Reforma.

Rodríguez señaló que el Gobierno federal no considera válida esa información porque, según explicó, no conoce la metodología ni la investigación utilizada para llegar a esa conclusión. La secretaria sostuvo que los datos que deben tomarse como referencia son los registros oficiales publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La discusión ocurre en medio de un debate nacional sobre la capacidad de los grupos delictivos para controlar territorios, imponer cobros de piso, intervenir en actividades económicas y ejercer presión sobre autoridades y ciudadanos. La oposición sostiene que el problema debe reconocerse y atenderse con mayor firmeza, mientras el Gobierno federal cuestiona las cifras que no estén respaldadas por información oficial.

Durante su comparecencia, la secretaria también habló sobre el proceso electoral de 2027 y aseguró que el Gobierno respetará los resultados de las elecciones. Rodríguez llamó además a los partidos políticos a seleccionar candidatos con antecedentes limpios y que no tengan vínculos con actividades criminales.

La discusión adquiere mayor relevancia después de que la Suprema Corte avalara el mecanismo del INE para realizar evaluaciones voluntarias sobre posibles riesgos relacionados con candidaturas. Ambos temas forman parte del debate rumbo a las elecciones de 2027, particularmente en estados donde la seguridad y la influencia del crimen organizado son considerados factores de preocupación.