NUEVA LEY CATASTRAL CAMBIARÁ EL REGISTRO DE CASAS Y TERRENOS; EL PREDIAL NO SUBE AUTOMÁTICAMENTE

La nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral entró en vigor el 24 de octubre y establece cambios en la forma de identificar, registrar y administrar la información de casas, departamentos, terrenos y otros inmuebles en México. La legislación busca modernizar los catastros y los registros públicos de la propiedad, además de facilitar la interoperabilidad de los datos y dar mayor certeza jurídica sobre la titularidad de los bienes.

Uno de los cambios principales es la creación de una Clave Única Catastral para identificar cada inmueble y de una Cédula Única Catastral y Registral que permitirá relacionar la información del catastro con la del Registro Público de la Propiedad. La intención es que los datos de cada inmueble puedan consultarse y actualizarse de manera más consistente, reduciendo las diferencias entre registros y facilitando la realización de trámites.

La ley también contempla plataformas digitales para la gestión catastral municipal y los registros públicos de la propiedad. A través de estos sistemas se pretende facilitar trámites, pagos electrónicos y notificaciones oficiales, con herramientas de acceso digital que permitan reducir procedimientos presenciales. Para que el modelo funcione, las autoridades tendrán que establecer reglas técnicas, proteger los datos personales y garantizar que los sistemas sean accesibles para la población.

Uno de los puntos que más dudas ha generado es el posible efecto sobre el impuesto predial. La nueva ley no establece por sí misma un aumento generalizado de las tasas de este impuesto, ya que las tasas y los mecanismos de cobro corresponden a las autoridades competentes dentro de sus atribuciones. Sin embargo, si un municipio actualiza el valor catastral de un inmueble para acercarlo a su valor de mercado, el monto del predial podría aumentar dependiendo de las reglas locales y de la forma en que se calcule la contribución.

Por esa razón, no es correcto afirmar que todas las personas tendrán automáticamente un predial más alto a partir de 2027. El impacto dependerá de las actualizaciones catastrales que se realicen, de las disposiciones de cada entidad y municipio y de la legislación fiscal aplicable. Los propietarios deberán revisar los avisos oficiales de sus autoridades locales para conocer si habrá cambios en los valores registrados o en el cálculo de sus obligaciones.

La ley también busca combatir problemas como el fraude inmobiliario, la duplicidad de registros y el despojo de propiedades, al facilitar la identificación de los inmuebles y la vinculación de la información registral. No obstante, la eficacia de esas medidas dependerá de la calidad de los datos, de la coordinación entre las instituciones y de los mecanismos para corregir errores o impugnar registros que afecten derechos legítimos.

Los artículos transitorios contemplan que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones emita lineamientos en los 30 días siguientes a la entrada en vigor, mientras que los congresos estatales y el de la Ciudad de México disponen de 180 días para adecuar sus legislaciones. Las autoridades catastrales y registrales deberán avanzar en la adopción del nuevo esquema para que las plataformas y los modelos de gestión comiencen a operar desde el 1 de enero de 2027.

La implementación será gradual y requerirá coordinación entre los gobiernos federal, estatales y municipales. Para los propietarios, el aspecto más importante será verificar que la información de sus inmuebles esté actualizada y conocer los procedimientos para corregir posibles inconsistencias. La modernización catastral puede mejorar la certeza jurídica, pero sus beneficios dependerán de que el proceso se realice con transparencia, seguridad y respeto a los derechos de los contribuyentes.