LA SALIDA DE TADDEI ABRE OTRO FRENTE EN EL INE: HUMPHREY PIDE REVISAR NOMBRAMIENTOS Y DEVOLVER PODERES AL CONSEJO

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral abrió un nuevo debate sobre la concentración de facultades dentro del organismo. La consejera electoral Carla Humphrey planteó que el Consejo General analice la permanencia de funcionarios designados directamente por Taddei y explore las vías legales para solicitar su separación, además de pedir al Congreso de la Unión que revierta los cambios legales que ampliaron las atribuciones de la presidencia del Instituto.

En declaraciones publicadas por El Financiero el 26 de octubre, Humphrey cuestionó que numerosos nombramientos se realizaran sin una discusión previa con el resto de las consejerías. Afirmó que, en alrededor del 90 por ciento de los casos a los que se refirió, los integrantes del Consejo General desconocían quiénes eran las personas designadas, así como sus antecedentes profesionales, experiencia y currículum. No obstante, aclaró que la posibilidad de solicitar su salida todavía debía analizarse y no constituía una decisión formal del Consejo.

El desacuerdo está relacionado con la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales publicada en octubre de 2024, que amplió las facultades de la presidencia del INE para realizar nombramientos en direcciones ejecutivas y unidades técnicas sin someterlos al mecanismo de votación que anteriormente involucraba al Consejo General. Humphrey considera que esos cambios debilitaron la colegialidad, es decir, el principio de que las decisiones institucionales relevantes deben construirse mediante la participación de las distintas consejerías.

Por ello, la consejera responsabilizó políticamente a los legisladores que aprobaron la reforma y los llamó a revertir lo que calificó como un “maxipoder”. Su argumento es que la concentración de nombramientos en una sola autoridad puede reducir los contrapesos internos y dificultar que los demás integrantes del órgano conozcan y evalúen las decisiones administrativas.

Humphrey también pidió que las presuntas irregularidades señaladas en contrataciones con proveedores sean investigadas hasta esclarecer los hechos. Propuso abrir la información correspondiente, realizar revisiones internas y considerar auditorías externas, incluso con la participación de la Auditoría Superior de la Federación. Subrayó que la renuncia de Taddei no debe detener las investigaciones ni impedir que se determinen responsabilidades y sanciones si las autoridades competentes acreditan alguna falta.

Es importante precisar que los señalamientos relacionados con contratos y posibles irregularidades siguen sujetos a investigación: no equivalen por sí mismos a una resolución de culpabilidad. El propósito de las revisiones, de acuerdo con lo planteado por Humphrey, sería conocer el alcance de los hechos, transparentar el manejo de los recursos y establecer si existieron responsabilidades administrativas o de otra naturaleza.

La discusión ocurre en un momento delicado para el organismo encargado de organizar las elecciones federales, fiscalizar los recursos de los partidos y coordinarse con las autoridades electorales locales. La designación de una presidencia provisional, la continuidad de los funcionarios de áreas estratégicas y la revisión de las facultades administrativas serán asuntos centrales para determinar cómo funcionará el Instituto después de la salida de Taddei.

El reto será esclarecer las denuncias sin interrumpir las funciones del organismo y garantizar que las decisiones se adopten conforme a la ley. La controversia también vuelve a colocar en el centro del debate la autonomía del INE, sus mecanismos internos de control y el equilibrio entre la capacidad ejecutiva de su presidencia y la toma de decisiones colegiada.