JULIETA RAMÍREZ EVITA RESPONDER POR SEÑALAMIENTOS CONTRA PERSONAS DE SU ENTORNO POLÍTICO

La coordinadora de Morena en Baja California, Julieta Ramírez Padilla, fue cuestionada por periodistas sobre los presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa atribuidos a personas cercanas a su proyecto político, pero evitó responder de manera directa. El tema adquirió relevancia después de que autoridades estadounidenses anunciaran sanciones contra personas y empresas señaladas por presuntamente facilitar operaciones de esa organización criminal.

Entre los nombres que aparecen en los reportes periodísticos está Rafael Buenrostro Martín, empresario y exfuncionario que asistió al acto del 15 de septiembre en el que Morena presentó a Ramírez como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Según publicaciones citadas por El Financiero e Infobae, Buenrostro habría participado en la movilización de simpatizantes y sería identificado por reportes periodísticos como promotor de actividades políticas relacionadas con la morenista.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó a Buenrostro entre las personas sancionadas por presuntos vínculos con una estructura relacionada con la facción de Los Mayitos, del Cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses sostienen que habría utilizado relaciones e influencia política para favorecer operaciones criminales a cambio de sobornos. Se trata de señalamientos atribuidos a las autoridades de ese país y deben presentarse como tales, no como una sentencia penal contra todas las personas mencionadas.

La polémica también ocurre en un momento en que Morena comienza a perfilar a sus figuras rumbo a las elecciones de 2027. Ramírez ha sido señalada como una posible aspirante a la gubernatura de Baja California, por lo que la cercanía pública de operadores políticos cuestionados representa un asunto de interés sobre la transparencia de sus redes de apoyo y la forma en que se financian y organizan sus actividades.

Es importante distinguir entre los señalamientos dirigidos contra terceros y la responsabilidad personal de la propia política: la información publicada no demuestra por sí misma que Ramírez haya participado en actividades criminales. La pregunta política que permanece es si ofrecerá una explicación pública sobre la relación con las personas mencionadas y qué mecanismos de revisión utiliza su equipo para garantizar que sus colaboradores no estén involucrados en actividades ilícitas.

La controversia también plantea exigencias de transparencia para los partidos, especialmente cuando se aproximan procesos electorales. Las acusaciones deben investigarse con pruebas y mediante las vías legales correspondientes, mientras que los actores políticos tienen la responsabilidad de responder a cuestionamientos públicos sobre las personas que participan en sus proyectos.