CINCO EPISODIOS DE VIOLENCIA EN PENALES DE SINALOA DEJAN 22 SIN VIDA

Los centros penitenciarios de Aguaruto, en Culiacán, y El Castillo, en Mazatlán, acumulan 22 personas fallecidas en cinco episodios de violencia registrados entre mayo y octubre de 2026. El balance, publicado por Infobae, vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad dentro de las cárceles de Sinaloa y la capacidad de las autoridades para impedir que los enfrentamientos entre internos se conviertan en hechos mortales.

Uno de los episodios más graves ocurrió el jueves 8 de octubre en el penal de El Castillo, donde un enfrentamiento entre internos dejó diez personas muertas: nueve reclusos y un niño de dos años que se encontraba en el centro durante una visita familiar. Además, se reportaron 16 internos lesionados. Menos de 24 horas después, el viernes 9 de octubre, se registró otro enfrentamiento en el mismo centro penitenciario, con dos internos fallecidos más.

La violencia en El Castillo no fue un hecho aislado. El recuento periodístico incluye un episodio registrado el 31 de mayo en el penal de Aguaruto, que dejó siete muertos; otro hecho violento ocurrido el 22 de julio en Culiacán, con una víctima mortal, y un enfrentamiento del 24 de septiembre en El Castillo, donde murieron dos internos. Con los dos episodios de octubre, el saldo acumulado llega a 22 fallecidos.

Los hechos han obligado al despliegue de elementos estatales y federales para contener los disturbios y reforzar la seguridad dentro y alrededor de las instalaciones. Sin embargo, la repetición de los enfrentamientos evidencia la gravedad del problema y las dificultades para mantener el control en los centros penitenciarios.

La violencia carcelaria también debe analizarse en el contexto de las disputas entre grupos del crimen organizado que operan en Sinaloa. Aunque no todos los incidentes pueden atribuirse automáticamente a una organización específica sin resultados oficiales de investigación, la situación obliga a revisar los mecanismos de vigilancia, el control de armas, la separación de internos en conflicto y los protocolos para proteger a familiares que acuden a las visitas.

La muerte de un menor dentro de un penal hace todavía más urgente esclarecer cómo ocurrieron los hechos, qué falló en las medidas de seguridad y qué acciones se tomarán para evitar nuevas tragedias. Hasta que existan conclusiones oficiales, las responsabilidades individuales deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes.