FAMILIAS ABANDONAN SUS COMUNIDADES POR LA VIOLENCIA; EL DESPLAZAMIENTO FORZADO SIGUE SIN UNA RESPUESTA INTEGRAL

La violencia del crimen organizado ha obligado a miles de personas en México a abandonar sus viviendas, tierras y comunidades para proteger su vida. El desplazamiento forzado interno ocurre cuando las familias se ven obligadas a salir de su lugar de residencia sin cruzar una frontera internacional, ya sea por amenazas directas, enfrentamientos armados, extorsiones, desapariciones, homicidios o el control territorial de grupos criminales.

La investigación periodística “Desterrados por el narco”, elaborada por Proceso y CONNECTAS, documentó cómo las disputas entre organizaciones delictivas no solo afectan a quienes son víctimas directas de un ataque, sino también a comunidades enteras que quedan atrapadas en medio de la violencia. Los grupos criminales buscan controlar territorios y actividades económicas, entre ellas la producción agrícola, la explotación de recursos naturales y el cobro de cuotas a comerciantes y productores.

En la investigación publicada originalmente en 2024, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos estimó que hasta octubre de 2023 había alrededor de 386 mil personas desplazadas internamente en el país. La organización también documentó más de 40 episodios de desplazamiento por violencia durante 2023, registrados en al menos once entidades. Estas cifras corresponden a ese periodo y no deben interpretarse como un conteo actualizado de 2026, pues la falta de registros completos dificulta conocer la dimensión actual del problema.

Las consecuencias del desplazamiento van mucho más allá de perder una vivienda. Muchas familias dejan atrás tierras, animales, negocios, pertenencias y redes comunitarias; otras deben refugiarse con familiares, trasladarse a ciudades donde carecen de recursos o vivir en condiciones precarias. Los menores pueden interrumpir sus estudios y las personas adultas pierden sus fuentes de ingreso, lo que aumenta la vulnerabilidad económica y social.

Michoacán es uno de los territorios donde el problema ha sido señalado públicamente. En su conferencia del 19 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre los desplazamientos en zonas de Apatzingán, donde habitantes han denunciado violencia, ataques con drones, explosivos y enfrentamientos. La mandataria respondió que existen acciones de seguridad en la región y planteó que las personas afectadas sean vinculadas con las autoridades para atender sus denuncias.

La respuesta institucional enfrenta un desafío: las familias no siempre denuncian por temor a represalias, mientras que la falta de registros homogéneos puede dificultar la identificación de las personas afectadas, la entrega de ayuda y la reparación del daño. A ello se suma la necesidad de garantizar vivienda temporal, atención médica y psicológica, continuidad educativa y condiciones seguras para quienes desean regresar a sus comunidades.

El desplazamiento forzado es, por tanto, una crisis humanitaria que requiere más que operativos de seguridad. También exige mecanismos confiables de registro, protección para las víctimas, coordinación entre los tres niveles de gobierno y medidas que permitan recuperar los medios de vida. Mientras no existan condiciones de seguridad y garantías para volver o reconstruir una vida en otro lugar, miles de familias seguirán enfrentando la incertidumbre de haber perdido su hogar por la violencia.