EL DESCARO DE LA 4T AL REGRESAR A RUBÉN ROCHA MOYA AL PODER DE SINALOA A PESAR DE LAS ACUSACIONES

Sinaloa vuelve a quedar en el centro del escándalo político. Rubén Rocha Moya anunció su regreso a la gubernatura después de tres meses y medio de licencia, en medio de una tormenta de acusaciones que, lejos de haberse esclarecido, siguen proyectando una enorme sombra sobre su administración y sobre Morena.

Rocha Moya se separó del cargo el pasado 1 de mayo, luego de que una acusación presentada en Estados Unidos lo señalara, junto con otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. El mandatario ha rechazado las imputaciones y sostiene que son falsas.

Pero el expediente no termina ahí. La acusación estadounidense sostiene que el crimen organizado habría intervenido en favor de Rocha Moya durante las elecciones de 2021, incluyendo presuntos actos de intimidación, secuestro de candidatos opositores y robo de boletas. Se trata de señalamientos contenidos en un documento judicial, no de hechos que puedan darse por acreditados sin el correspondiente proceso y pruebas.

A esto se suman las dudas que surgieron alrededor del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda en julio de 2024 y las inconsistencias detectadas posteriormente por la Fiscalía General de la República en la investigación estatal. Esas irregularidades alimentaron las preguntas sobre lo ocurrido y sobre la posible relación del crimen con el entorno político y criminal de Sinaloa.

Y aquí aparece la gran pregunta política: ¿qué cambió para que Rocha Moya pueda regresar al Palacio de Gobierno?

No existe una absolución pública que haya despejado las acusaciones en su contra. De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció recientemente que Estados Unidos no había enviado a México mayores elementos probatorios sobre las imputaciones contra el gobernador con licencia.

Sin embargo, en lugar de esperar a que las acusaciones se esclarezcan plenamente, Rocha Moya decidió regresar al cargo y concluir el mandato para el que fue elegido, que termina el 31 de octubre de 2027.

Para sus críticos, el mensaje es demoledor: en la llamada Cuarta Transformación parece bastar con negar las acusaciones para que un funcionario cuestionado pueda volver al poder mientras las investigaciones continúan.

El caso Rocha Moya pone nuevamente sobre la mesa una pregunta incómoda para Morena: ¿dónde queda el discurso de cero corrupción y cero impunidad cuando uno de sus gobernadores enfrenta acusaciones tan graves?

La licencia no fue una absolución. El regreso tampoco significa que las acusaciones hayan desaparecido.

Rocha Moya vuelve a la gubernatura. Las preguntas, en cambio, siguen esperando respuestas.