TRUMP SOMETIÓ A AMLO EN LA FRONTERA AUNQUE ESTE DIGA LO CONTRARIO

El Acuerdo Bicentenario, el tratado de seguridad suscrito en 2021 por los gobiernos de México y Estados Unidos, representa, en los hechos, la continuidad de la Iniciativa Mérida adoptada en 2008 por Felipe Calderón y George W. Bush, y la militarización de la cooperación binacional en materia de lucha contra el crimen y del control de la migración.
Un estudio de la organización civil Elementa DDHH señala, además, que el Acuerdo Bicentenario, pactado entre los gobiernos de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, se inscribe en el “modelo de prohibición” y en las “lógicas bélicas y de persecución” que dieron origen a la Iniciativa Mérida de Calderón.
La investigación de Elementa, que incluye documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtenidos por el colectivo de hacktivistas Guacamaya, sostiene que la información contenida en esos archivos electrónicos permite identificar cuatro temas que tienen prioridad en la agenda bilateral de seguridad: migración, extradiciones, tráfico de fentanilo y tráfico de armas.
Adriana Muro, directora de Elementa DDHH, dice a Proceso que más allá de la retórica nacionalista de López Obrador, éste acabó por alinearse y por “someterse” a la nueva agenda de seguridad de Estados Unidos, en la que el combate a la cocaína fue desplazado a un segundo plano por dos fenómenos de enorme preocupación para la sociedad y el gobierno estadunidenses: la migración y el fentanilo.
En 2018, cada día eran detenidos 365 migrantes. Este año, el promedio diario es de tres mil 936, un promedio de 2.7 cada minuto.
Según datos de la Sedena, los aseguramientos de fentanilo en México han crecido exponencialmente este sexenio, al pasar de cinco kilogramos en 2018 a 2.3 toneladas en 2023, lo que representa un incremento de 46,000 por ciento en ese lapso.
La lucha de este gobierno contra el fentanilo también es legal. El presidente busca llevar la prohibición de ese opioide sintético a nivel constitucional. Esa iniciativa figura en el paquete de reformas del mandatario conocido como el Plan C.




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