SIGUE PREVALECIENDO LA DESIGUALDAD DE PUESTOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES

En las dependencias del gobierno federal, los hombres representan el 60% del personal de confianza, por lo que aún tienen un mayor acceso a cargos jerárquicos de mayor nivel que las mujeres. Además, 1 de cada 5 de ellas vive algún tipo de violencia laboral en ese sector.

Un análisis del Instituto Mexicano de Competencia (IMCO), basado en una serie de entrevistas y grupos focales con más de 50 funcionarias y funcionarios de diversas secretarías de Estado, concluye que las mujeres en el sector público se enfrentan a condiciones laborales poco flexibles, ambientes donde persiste la violencia y la discriminación, así como a la influencia de intereses políticos de la administración en turno.

Aunque México avanzó entre 2006 y 2024 del lugar 45 al 14 de 146 países en la medición de empoderamiento político, con una mejora en su puntuación de 13.3 a 49 en una escala de 0 a 100 que corresponde a la medición de la brecha de género en cargos políticos de alto nivel –como secretarias, jefas de Estado y mujeres en órganos legislativos–, la paridad de género en la administración pública federal está lejos de alcanzarse, sostiene el IMCO.

Mientras que la representación de las mujeres en las titularidades de secretarías de Estado está garantizada por una reforma constitucional, México es el tercer país de América Latina con la menor presencia de mujeres en el sector público en puestos de mayor nivel jerárquico, solo por encima de Guatemala y Brasil, de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Esto quiere decir que sin contar a la cabeza de la dependencia, en el resto de los puestos laborales, conforme aumenta el nivel jerárquico, se reduce la participación de las mujeres. Solo en el puesto más alto se alcanza la paridad y en los más bajos, como enlaces y jefaturas de departamento, se está cerca de lograrlo, pero en subsecretarías, jefaturas de unidad y direcciones generales solo 3 de cada 10 puestos son ocupados por mujeres.

Por otro lado, el análisis documenta que las unidades de género no necesariamente cuentan con la relevancia y el presupuesto necesario para incidir. Por ello, frecuentemente emprenden actividades sin un impacto significativo en el desarrollo profesional de las mujeres. Además, persiste una falta de vinculación entre las diferentes Secretarías para llevar a cabo acciones coordinadas y estratégicas.

Además, el estudio describe que las servidoras públicas coincidieron en que existe falta de flexibilidad en las instituciones públicas, sumado a las jornadas extensas, ambientes hostiles y sesgos de género, lo que empuja a las colaboradoras a modificar sus decisiones personales en la medida que buscan permanecer o crecer en sus carreras profesionales. Lo anterior implica desde posponer u ocultar decisiones como el embarazo o el matrimonio, hasta encontrar la forma de delegar las tareas de cuidado.

“En general, los puestos de mayor jerarquía no ofrecen condiciones flexibles, lo que contribuye a la concentración de las mujeres en puestos de menor rango y resulta en menores ingresos”, señala el documento. Además, la normalización de la violencia está arraigada en la dinámica laboral al interior de las secretarías de Estado.

“Las condiciones laborales exigentes y prolongadas propician entornos en donde las mujeres enfrentan situaciones violentas, que van desde mensajes de texto inapropiados hasta el acoso psicológico o sexual”, describe el documento al subrayar que una de cada cinco mujeres empleadas en instituciones gubernamentales reportó experimentar alguna forma de violencia.

La violencia –añade– se puede materializar de distintas maneras, como recibir un menor pago que un hombre, solicitar una prueba de embarazo para entrar o mantener un puesto, limitar las funciones por ser mujer o ser víctima de acoso.

“Con el próximo inicio de una nueva administración, encabezada por la primera mujer en asumir la presidencia de México, se presenta una oportunidad histórica de abanderar la agenda de género. Si bien en los últimos años se ha registrado un incremento en la representación de mujeres en la administración pública federal, aún persisten grandes retos que requieren acciones para alcanzar una igualdad sustantiva en todos los niveles jerárquicos”, apunta el Instituto.

El análisis destaca que las principales tres barreras que tienden a frenar el crecimiento de las mujeres en secretarías de Estado son los cambios políticos y de administración, la falta de políticas de inclusión que refuerza la desigualdad de género ante las posibilidades de ascenso y la violencia laboral que persiste.