SIGUE LA CORRUPCIÓN DE LA 4T

Pasando por alto las medidas de austeridad que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó desde que asumió –y reforzó a causa de la crisis económica por la pandemia del coronavirus–, en la Conade literalmente regalan el dinero público del Capítulo 3000 a personas que cobran sin trabajar y sólo hacen acto de presencia en las oficinas.

De esas 306 personas, 72 fueron contratadas irregularmente a finales del pasado diciembre, con sueldos mensuales de entre 31 mil y 42 mil pesos, para gastar a como diera lugar un sobrante de 7 millones de pesos y evitar el subejercicio de recursos.

El subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, Israel Benítez, validó con su firma que a esas personas se les pagaran entre cuatro y seis meses como si los hubieran trabajado en 2019. Y durante enero y febrero también recibieron 20% adicional a su salario.

Para lo anterior, un grupo de servidores públicos –que incluye al subdirector de administración, Omar Hernández Pliego; al de Servicios, Jesús Rebollar, y al jefe de Proveeduría, Érick Delgado Blas– simularon haber realizado una sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público (CAAS) para “cumplir” con la reglamentación.

En un caso flagrante, Rebollar tiene a su suegra como aviadora y a su esposa, Angélica Flores Salazar, en el área de Desarrollo Humano.

Mediante una “excepción” estos funcionarios evadieron la licitación pública para adjudicar de manera directa los contratos y firmar en diciembre con fecha de junio de 2019 oficios y memorandos para “regularizar” los actos indebidos.

Por instrucciones de Alejandro Arenas Contreras, entonces coordinador ejecutivo de la Subdirección de Calidad para el Deporte, quien renunció en febrero último, Reyna Monroy Audirac fue la responsable de hacer las contrataciones, recoger las firmas de los funcionarios e incluir en la lista a los amigos y familiares del subdirector general de la Conade, Sergio Monroy; del subdirector del Deporte, Adolfo Fierro; del subdirector de Cultura Física, Óscar Juánz Roussell; del director de Alto Rendimiento, Arturo Contreras, y del propio Israel Benítez.

Otras áreas, como la Dirección General, que encabeza Ana Guevara, también incrustaron a sus recomendados, lo mismo que la Dirección de Operación Fiduciaria, que dirige Carlos Fernando Ramírez Barrera, y la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de Marisela Rafael. El propio titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Filiberto Otero, solicitó la contratación de su amiga Yamilé Jaso López.

Así, por ejemplo, Benítez tiene a su sobrino Ricardo Salazar Benítez (con un sueldo de 31 mil pesos mensuales) en la subdirección de Cultura Física, con Óscar Juánz, quien es cuñado de Benítez, como lo publicó Apro en julio de 2019.

Una amiga de Benítez, Karla Estefanía Meneses Balcázar, funge como su secretaria. Comenzó con un contrato de 31 mil pesos que en un par de meses se incrementó a 35 mil 200. Meneses sólo asiste los días que Benítez también va a su oficina, unas dos o tres veces por semana. A veces, el funcionario suele ausentarse la semana entera.

A su amigo Érik Javier Pineda Sánchez (con 29 mil 400 pesos), Benítez lo mandó traer desde Zihuatanejo. Le pagó seis meses de 2019 sin haberlos trabajado. Pineda es uno de los contratados en diciembre para dilapidar los 7 millones de pesos que sobraron de ese ejercicio fisca