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SEDENA Y OTRAS 37 INSTITUCIONES ESPIARON TELEFÓNICAMENTE Y NO HUBO DETENIDOS

Foto del escritor: Juanita Medellín Barbosa
Juanita Medellín Barbosa
10 jul 2024
2 min de lectura


El Ejército y 37 Fiscalías, policías y Comisiones de Búsqueda estatales contrataron 168 licencias de dispositivos para vigilar geolocalizaciones y extraer archivos de celulares y computadoras de ciudadanos durante el actual sexenio. Esto implicó un gasto de 459 millones 974 mil pesos.


Aunque la justificación de esas compras fue reforzar las labores de investigación de delitos, ayudar en la búsqueda de desaparecidos o personas en riesgo, ninguna de las instituciones detuvo a presuntos delincuentes, halló o rescató a víctimas, pese a que son las únicas razones por las que podrían hacer esas vigilancias, de acuerdo con la información que proporcionaron.


Se trata de 22 Fiscalías de estados como Nuevo León, Hidalgo, Estado de México, Aguascalientes, Veracruz, Yucatán, Jalisco; seis Secretarías de Seguridad locales; seis Comisiones de Búsqueda de Tabasco, Puebla, Sinaloa, Baja California Sur, Chihuahua y Aguascalientes; la Policía Cibernética de Aguascalientes, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de Jalisco y la Secretaría General de Gobierno de Jalisco.


Mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) compró más dispositivos de vigilancia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en comparación con el de Enrique Peña Nieto; aunque sólo los utilizó en 116 ocasiones, según respondió de manera oficial vía transparencia.


Si bien a nivel nacional no existe un padrón de proveedores de este tipo de softwares y dispositivos vendidos al gobierno, ni información pública sobre los resultados de las intervenciones, esta investigación revela que existen al menos 20 intermediarios de las empresas fabricantes, la mayoría israelíes, que vendieron softwares y dispositivos de vigilancia a gobiernos locales y Federal entre 2018 y 2023.


El Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (CAPIR), revisó cientos de contratos, presentó 710 solicitudes de acceso a la información y consultó a expertos en seguridad digital para confirmar que autoridades de 23 estados del país adquirieron softwares para vigilar a ciudadanos.


 
 
 

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