SE MANTIENE LA POSIBILIDAD DE LA LIBERACIÓN ANTICIPADA DEL EX GOBERNADOR JAVIER DUARTE

Durante tres días de audiencia, la defensa de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz sentenciado por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, y la Fiscalía General de la República (FGR) han debatido en torno a la posible libertad anticipada del exmandatario estatal, subiendo el tono de la discusión con ataques directos en las últimas horas.

El momento cúspide del debate ocurrió durante este último día cuando Javier Duarte tomó la palabra para acusar directamente a la FGR y al fiscal Manuel Granados Quiroz, titular de la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes, de querer montar un “circo mediático” y “mitin político” para mantenerlo preso, a pesar de ya haber cumplido más del 95 % de su pena y supuestamente tener todos los requisitos legales para acceder a este beneficio.

Este caso tendrá su conclusión final este viernes 21 de noviembre, cuando la jueza de ejecución Ángela Zamorano Herrera, del Reclusorio Norte, determine si concede o no la libertad anticipada de Javier Duarte, lo que podría derrumbar el único caso por el que la FGR y la Fiscalía de Veracruz han logrado mantenerlo preso durante 8 años y 7 meses.

La audiencia de este miércoles inició a las 9:55 de la mañana cuando comenzaron a desfilar todos y cada uno de los seis testigos que la FGR presentó para declarar en contra del exgobernador de Veracruz.

El primero fue Luis Roberto Guerrero Maciel, exfiscal especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, quien aseguró que el 3 de noviembre de 2022 firmó un oficio, a petición de la FGR, para informar que existía un proceso penal abierto (38/2017) en el fuero común contra Duarte por el delito de incumplimiento del deber legal.

“En ese momento el asunto se encontraba en trámite, pero jamás se pudo realizar la audiencia intermedia, al menos en tres años, debido a ‘trabas legales’ de parte de su defensa”, señaló el ahora fiscal especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas de la Fiscalía Estatal.

El segundo en hablar fue Emmanuel Melgarejo Barradas, fiscal especializado anticorrupción de Veracruz, quien dijo que el 9 de noviembre de 2022 informó que Duarte también tenía otro proceso penal por el delito de peculado (56/2017), en el que también había sido acusado por abuso de autoridad y tráfico de influencias, sin que se le hubiera impuesto prisión en ninguno de ellos.

—¿Conoce la razón para negarse a comparecer? —le cuestionó el fiscal Granados Quiroz.

—No sé. Solicitaron dos audiencias, pero sólo una se llevó a cabo y en ella se manifestó que Duarte de Ochoa se negaba a comparecer —respondió.

En el contrainterrogatorio, el abogado Pablo Campuzano de la Mora, defensa del exgobernador de Veracruz, le cuestionó:

—¿Pero a usted le consta que se negó a comparecer?

—A mí no me consta, era otra la persona encargada de ese proceso —reconoció el fiscal.

La tercera persona en declarar fue Guillermo Hernández Isidro, también de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Veracruz, quien reconoció que tanto el proceso penal 38/2017 como el 56/2017 se encontraban sub judice (es decir, pendientes de resolución judicial) debido a la interposición de diversos amparos que buscaban que fueran declarados sobreseídos (cancelados).

El cuarto testigo fue Alejandro Ortega Cueto, de la Fiscalía Estatal. Explicó que el 16 de abril de 2013 se presentó una denuncia por el delito de desaparición forzada (103/2023) de un taxista en Coatepec, Veracruz, caso en el que años después se relacionó al exgobernador.

“Sin embargo, el 5 de noviembre de 2025 un juez me hizo llegar un oficio donde ordenaba dejar sin efecto la orden de aprehensión emitida contra el señor Javier […] Esta orden de aprehensión la pudimos conseguir con autorización del gobierno de Guatemala —que aceptó extraditar al exgobernador en junio de 2017, después de que el mandatario estatal huyó del país—, pero no se pudo cumplimentar debido a que el señor inició un juicio de amparo en el que le fue concedida una suspensión provisional y más tarde una suspensión definitiva”.

Finalmente, como última autoridad de Veracruz, la FGR presentó a Denisse Moreno Córdova, fiscal auxiliar de la Coordinación de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, quien señaló que durante años Duarte se negó a presentarse a la audiencia inicial luego de ser procesado en el 2018 por supuestamente “entorpecer las investigaciones” para dar con el paradero del taxista, mismo que tiempo después fue encontrado muerto.

En la audiencia la fiscal explicó que en seis ocasiones intentaron celebrar la audiencia inicial, pero no se pudo debido a que en todas las ocasiones el exgobernador argumentó problemas de salud o se negaba a salir de su celda. Por este motivo, incluso el agente del Ministerio Público del caso determinó que iba a hacer uso de la orden de aprehensión que tenía vigente el exfuncionario por este caso para hacerlo comparecer.

Según su relato, ya en audiencia Duarte indicó nuevamente que no se encontraba en condiciones de salud y que no aceptaba la competencia del juez, por lo que pidió diferir la audiencia, pero al no tener una respuesta positiva se retiró de la sala sin autorización.

“El señor Javier regresó en una silla de ruedas, sostenido por más personas, amarrado. El juez le dijo que no estaba violando su derecho a la salud y que si continuaba con esa actitud llevaría a cabo la audiencia sin él”, aseguró.

Tras permitir el inicio de la audiencia a Javier Duarte se le impuso como medida cautelar la figura de prisión preventiva justificada, pero debido a que tiempo después un juez federal determinó desechar una de las pruebas presentadas en su contra también se canceló el proceso en noviembre del año pasado, decisión que está siendo impugnada por autoridades de Veracruz.

Durante la audiencia, la FGR también presentó a Norma Adriana Vázquez del Río, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, quien explicó que ella fue la encargada de integrar la carpeta de investigación que se inició luego de que Duarte de Ochoa y su esposa Karime Macías denunciaron a Antonio Tarek Abdalá Saad, tesorero de Veracruz que denunció al exgobernador, por el delito de “falsedad de declaración”.

“En esa carpeta de investigación se decretó el no ejercicio de la acción penal en contra de Tarek Abdalá, porque su testimonio fue aceptado una vez que Duarte fue sentenciado en procedimiento abreviado (97/2016) […] En su declaración el señor Antonio reconoció que realizaba transferencias provenientes de recursos públicos de Veracruz a diversas empresas fantasma. Además, a pesar de no haber recibido ninguna amenaza, señaló que tenía miedo de que a él o a su familia pudiera pasarles algo si Duarte tomaba represalias”.

En el contrainterrogatorio, el abogado Pablo Campuzano se enfocó en argumentar que ni Duarte ni Macías interpusieron esa demanda, tratando de evidenciar que no existía ningún riesgo para el testigo protegido en caso de que el exgobernador recupere nuevamente su libertad.