SE INFORMA QUE SON INSUFICIENTES LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA MUJERES

En México, más del 70 por ciento de las mujeres que habitan en el país han declarado haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Aunque el Estado mexicano ha desarrollado mecanismos para prevenir y combatir este tipo de agresiones, como la instalación de los Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum), los datos indican que la meta de garantizar una vida libre de violencia a ese sector de la población aún es distante.
Cifras reportadas por instancias federales y civiles revelan que la política de los Cejum, implementada en el territorio nacional a partir de 2011, ha atendido a miles de mexicanas y contribuido a que accedan a entornos seguros. Sin embargo, a más de una década de que se abrieron los primeros centros en Chihuahua, Campeche y Chiapas, la estrategia presenta deficiencias.
Un ejemplo de esto es que fue hasta el 8 de mayo de 2023, a partir de una de las recientes reformas realizadas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que se precisó la definición de estas instancias en la disposición legal, detalla el estudio “Centros de Justicia para las Mujeres, Informe nacional 2018-2021”, presentado el 7 de febrero de 2024 por la organización EQUIS.
“Son espacios multidisciplinarios e interinstitucionales que brindan, de manera gratuita, atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos menores de edad, desde las perspectivas de género, derechos humanos, intercultural, diferencial e interseccional, mediante la prestación de servicios en un mismo lugar, con la finalidad de promover y garantizar su acceso a la justicia, el ejercicio pleno de sus derechos humanos y su empoderamiento”, precisa el apartado XVII del artículo 5 de la LGAMVLV.
El informe destaca que de la reforma también se derivó que se enlisten las atribuciones de los Cejum, así como los servicios mínimos que brindan y las instituciones encargadas de ello; se enumeren los requisitos para ocupar su dirección y las atribuciones de este encargo; se establezca la obligación de profesionalizar a todo el personal en atención a víctimas de violencia, así como de evaluarlo periódicamente; y se incorporen los enfoques intercultural, interseccional y diferenciado al modelo de atención.
De los aportes que dejó la modificación legal resalta que, a partir de 2023, se distingue a la Secretaría de Gobernación como el organismo encargado de impulsar la creación de los Centros de Justicia y su equipamiento, así como certificarlos; y es a las entidades federativas a las que les corresponde crearlos y operarlos.




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