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SE INFORMA QUE SON INSUFICIENTES LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA MUJERES

Foto del escritor: Juanita Medellín Barbosa
Juanita Medellín Barbosa
14 feb 2024
2 min de lectura

En México, más del 70 por ciento de las mujeres que habitan en el país han declarado haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Aunque el Estado mexicano ha desarrollado mecanismos para prevenir y combatir este tipo de agresiones, como la instalación de los Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum), los datos indican que la meta de garantizar una vida libre de violencia a ese sector de la población aún es distante.


Cifras reportadas por instancias federales y civiles revelan que la política de los Cejum, implementada en el territorio nacional a partir de 2011, ha atendido a miles de mexicanas y contribuido a que accedan a entornos seguros. Sin embargo, a más de una década de que se abrieron los primeros centros en Chihuahua, Campeche y Chiapas, la estrategia presenta deficiencias.


Un ejemplo de esto es que fue hasta el 8 de mayo de 2023, a partir de una de las recientes reformas realizadas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que se precisó la definición de estas instancias en la disposición legal, detalla el estudio “Centros de Justicia para las Mujeres, Informe nacional 2018-2021”, presentado el 7 de febrero de 2024 por la organización EQUIS.


“Son espacios multidisciplinarios e interinstitucionales que brindan, de manera gratuita, atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos menores de edad, desde las perspectivas de género, derechos humanos, intercultural, diferencial e interseccional, mediante la prestación de servicios en un mismo lugar, con la finalidad de promover y garantizar su acceso a la justicia, el ejercicio pleno de sus derechos humanos y su empoderamiento”, precisa el apartado XVII del artículo 5 de la LGAMVLV.


El informe destaca que de la reforma también se derivó que se enlisten las atribuciones de los Cejum, así como los servicios mínimos que brindan y las instituciones encargadas de ello; se enumeren los requisitos para ocupar su dirección y las atribuciones de este encargo; se establezca la obligación de profesionalizar a todo el personal en atención a víctimas de violencia, así como de evaluarlo periódicamente; y se incorporen los enfoques intercultural, interseccional y diferenciado al modelo de atención.


De los aportes que dejó la modificación legal resalta que, a partir de 2023, se distingue a la Secretaría de Gobernación como el organismo encargado de impulsar la creación de los Centros de Justicia y su equipamiento, así como certificarlos; y es a las entidades federativas a las que les corresponde crearlos y operarlos.

 
 
 

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