SE INCREMENTAN LOS CASOS DE EXPLOTACIÓN INFANTIL EN MÉXICO

Los abusos y la explotación de índole sexual de menores de entre tres y siete años en las escuelas mexicanas se han convertido en “el elefante en la habitación” para las autoridades de nuestro país. A pesar de la gravedad de los ilícitos, estos hechos delictivos se incrementaron más del 30 por ciento en México en la última década; sin embargo, el tema casi no se toca.

Según reportes de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), muchos de los casos abusos en entornos escolares involucran a maestros y personal escolar ligados a redes que abusan física, sexual y psicológicamente de cientos de niños y niñas.

No obstante, las autoridades se han negado a investigar a profundidad este tipo de delitos, por omisiones de las mismas, o por deficiencias en el sistema que revictimiza a los menores afectados, quienes a pesar de ser atendidos por autoridades especializadas en temas de explotación infantil, sus denuncias son puestas en duda.

Sin embargo, a pesar de que desde organizaciones no gubernamentales se han aportado evidencias concretas de que los casos de abuso no solo corresponden a hechos aislados, autoridades como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) son señaladas como “omisas” ante un problema que se agudiza cada vez más, y cuya dimensión real aún no se conoce todavía.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), la explotación sexual ocurre cuando una persona o un grupo de personas involucran a niñas, niños o adolescentes en actos sexuales para satisfacción propia o de otras a cambio de cualquier tipo de beneficio.

Por su parte, datos del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), señalan que México es el primer productor a nivel mundial de pornografía infantil (como penalmente se conoce a la producción y circulación de material de explotación sexual infantil), estimando que cerca del 60 por ciento del contenido producido globalmente surge en nuestro país

Son precisamente los materiales sexuales explícitos de menores de edad, a partir de fotografías, videos y otros formatos ligados a las nuevas tecnologías informáticas los que la ODI sostiene que podrían estar relacionados con por lo menos 27 escuelas de educación básica y preescolar en 12 entidades de la República.

Una realidad hacia la que las autoridades mexicanas no han querido mirar en los últimos 20 años, es que los múltiples casos de abuso sexual de menores y violaciones equiparadas que ocurren en las escuelas del país cada año, hechos que, según organizaciones no gubernamentales, se escapan de una manifestación de pederastia aislada, y suponen una actividad delictiva más compleja, es decir, redes de explotación sexual organizadas.

Entre 2001 y 2024 la ODI ha identificado a 27 instituciones educativas involucradas en múltiples actos de abuso infantil y explotación sexual en entidades como Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Tabasco, Guanajuato y San Luis Potosí.

Según la última actualización del reporte “Es un secreto. La explotación infantil en escuelas”―publicado en 2024―, dichas entidades acumulan cientos de casos y testimonios de niños y niñas víctimas de abuso físico, sexual y psicológico por varios adultos en baños, salones de clase y áreas de juego, algunos de los cuales fueron grabados para crear material de explotación sexual.

Fuera del discurso presidencial momentáneo, los resultados en el combate a este tipo de ilícitos no se han visto reflejados, y lejos de que las autoridades inhiban estas conductas en México, se han frenado investigaciones que pueden profundizar en la gravedad del problema. En los últimos tres años los casos que reúnen las características de explotación sexual en las escuelas de educación básica identificados por la ODI pasaron de 18 a 27.

Las principales críticas de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) y de padres de víctimas de abusos sexuales en entornos escolares hacia la Secretaría de Educación Pública (SEP), son la opacidad y la poca colaboración de la dependencia para esclarecer los delitos, la que aseguran, se preocupa más por el desistimiento de las acciones penales que por la solución del mismo.

“Para que esto sea un campo fértil para la impunidad, hay muchas cosas que facilitan este tipo de abusos, desde cómo se contratan los maestros en la SEP, y que no se pueda ver un expediente de trabajo de un maestro o que no haya ninguna obligación de presentar la plantilla de maestros a los padres y las madres”, detalló Gabriela Astorga, también integrante del colectivo Alta-Voz Social y Cultural.