SALIR DE PRISIÓN NO GARANTIZA UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD; MUJERES DENUNCIAN ABANDONO TRAS RECUPERAR SU LIBERTAD

Recuperar la libertad después de pasar años en prisión debería representar el inicio de una nueva etapa, pero para algunas mujeres en México el regreso a la sociedad está marcado por la falta de vivienda, empleo, atención psicológica y acompañamiento institucional. Mujeres que estuvieron privadas de la libertad en centros penitenciarios federales denuncian que, una vez fuera, se enfrentan a obstáculos para reconstruir su vida, a pesar de que la legislación mexicana contempla servicios para facilitar su reinserción social.

En un reportaje publicado por Reporte Índigo, mujeres que salieron de prisión relataron que buscaron apoyo ante distintas dependencias sin obtener una respuesta que atendiera sus necesidades. Paula Tercero, quien pasó más de 18 años privada de la libertad, explicó que después de su salida no recibió orientación suficiente para comenzar de nuevo. Otras mujeres señalaron que fueron enviadas de una institución a otra, sin que alguna asumiera de manera clara la responsabilidad de acompañarlas.

El problema no se limita a conseguir un empleo. Al recuperar la libertad, algunas personas carecen de documentos actualizados, recursos económicos, un lugar donde vivir o redes familiares que puedan recibirlas. También pueden enfrentar dificultades para recuperar la custodia de sus hijos, acceder a atención médica y psicológica o conseguir trabajo debido a los prejuicios relacionados con sus antecedentes penales. Cuando estas necesidades no se atienden, el proceso de reintegración puede volverse mucho más complicado.

El artículo 207 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que las autoridades corresponsables, en coordinación con las instancias penitenciarias, deben establecer centros de atención y redes de apoyo postpenal. Estos servicios tienen como propósito facilitar la reinserción, procurar una vida digna y prevenir la reincidencia, mediante orientación y apoyo en áreas laborales, educativas, sociales, culturales y de desarrollo personal. La existencia de este marco legal, sin embargo, no garantiza por sí sola que los servicios estén disponibles de manera efectiva para todas las personas que salen de prisión.

Las mujeres entrevistadas denunciaron que han buscado acercamientos con las autoridades responsables sin recibir respuestas suficientes. Entre sus demandas están la capacitación laboral, la vinculación con empresas, el acceso a programas sociales, la atención psicológica y jurídica, así como apoyos para quienes no tienen una red familiar. También piden que se informe con claridad qué instituciones deben atenderlas, qué programas existen y cuáles son los recursos destinados a estos servicios.

La situación puede agravarse cuando se trata de mujeres que son madres o que salen de prisión después de largos periodos de aislamiento. La separación familiar, la pérdida de vivienda y la dificultad para reconstruir vínculos sociales pueden generar condiciones de vulnerabilidad que requieren atención especializada. Por eso, las organizaciones y las propias mujeres consideran necesario diseñar mecanismos que contemplen sus necesidades particulares.

La reinserción social no termina cuando se abre la puerta de una cárcel. También requiere que las personas puedan acceder a oportunidades reales para reconstruir su vida sin discriminación y con acompañamiento institucional. El reto para las autoridades es convertir las obligaciones previstas en la ley en servicios accesibles, coordinados y transparentes, para que recuperar la libertad no signifique enfrentar el abandono.