ROSARIO ROBLES LIBRÓ ORDEN DE APREHENSIÓN POR DELINCUENCIA ORGANIZADA

En la más reciente victoria judicial de Rosario Robles que canceló la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) había conseguido en 2020 por delincuencia organizada y lavado de dinero en el caso de La Estafa Maestra, el juez que analizó el amparo expuso la falta de investigación, inconsistencias y contradicciones en los datos de prueba que el Ministerio Público ofreció y que resultaron insuficientes en el proceso.

Para esta acusación, la fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero solo retomó —erróneamente— información de la investigación periodística La Estafa Maestra, publicada en 2017, y que fue incluida en la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y propició la orden de aprehensión contra Robles.

También retomó información de las auditorías hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2013 y 2014; testimonios de otros acusados que, en algunos casos, testificaron a cambio de inmunidad, y un supuesto análisis contable que estableció el desvío en 5 mil millones de pesos, pero que no detalló.

Y pese a haber logrado la orden de aprehensión desde 2020, en las pruebas ofrecidas por la FGR no hay investigación alguna sobre el destino de los recursos públicos desviados a través de la realización de convenios entre secretarías de Estado y universidades públicas, mismas que luego contrataron a empresas que resultaron ser fantasma.

En su investigación, la fiscalía solo se refirió a tres empresas fachada, pero con información errónea, pese a que la investigación periodística descubrió la utilización de al menos 20 empresas fantasma en los convenios con la Sedesol.

Las inconsistencias llegaron al grado de que la FGR acusó que Robles presuntamente había cometido los delitos durante su gestión como titular de la Sedesol y la Sedatu entre 2012 y 2018, pero entre los datos de prueba solo mencionó ocho convenios de la Sedesol firmados entre 2013 y 2014; además, únicamente se enfocó en uno, cuyo monto ascendía a 77 millones de pesos. Es decir, no ofreció pruebas de los seis años en los que fincaba la acusación.

Por eso, Eutimio Ordóñez Gutiérrez, juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, concedió el amparo a Robles e invalidó la orden de aprehensión contra la exsecretaria, al considerar que “los argumentos de la responsable (la fiscalía) no son claros, ni se precisan las circunstancias de modo, tiempo y lugar del ilícito”, dice la sentencia de amparo 1634/2021.

Sin embargo, esta cancelación de orden de aprehensión no equivale a una resolución de inocencia de los presuntos delitos, sino que significa que no hubo pruebas suficientes para sostener la acusación.