RIESGO Y VIOLENCIA ACECHAN A FUNCIONARIOS JUDICIALES EN COLIMA

Los funcionarios judiciales establecidos en el estado de Colima, tanto del Poder Judicial de la Federación como del Poder Judicial del Estado, se encuentran en un constante escenario de riesgo debido a los persistentes ataques que sufren y a los elevados niveles de violencia impuestos por la delincuencia organizada en la región. Las noticias sobre miembros de las instituciones judiciales de Colima siendo asesinados por individuos armados, así como la decisión de algunos tribunales de retomar el trabajo a distancia debido a la preocupante inseguridad en el estado, continúan siendo una parte predominante de la situación actual bajo el gobierno de la mandataria Indira Vizcaíno Silva.

Tan recientemente como el 16 de agosto de 2023, se informó sobre el asesinato de Ricardo Gálvez Campos, quien ocupaba el cargo de proyectista jurídico en la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes. El ataque mortal, perpetrado por cuatro individuos armados, ocurrió la noche anterior mientras la víctima llegaba a su hogar en la colonia El Centenario, en el municipio de Villa de Álvarez.

En la misma fecha, el Poder Judicial de Colima condenó este asesinato y emitió un comunicado en el que manifestaba su consternación y pedía a la Fiscalía estatal una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.

La Fiscalía, por su parte, anunció que había iniciado una carpeta de investigación por la muerte de un trabajador del Poder Judicial del Estado de Colima y que llevaría a cabo las averiguaciones necesarias para perseguir y detener a los responsables de este y otros actos delictivos.

No obstante, la inquietud no se limita a los funcionarios judiciales estatales, ya que los empleados judiciales federales también enfrentan un panorama incierto en Colima. Hace poco más de un mes, el 12 de julio de 2023, se informó que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito había optado por implementar nuevamente el trabajo a distancia debido a diversos episodios de violencia relacionados con la actividad judicial. La circular que anunciaba esta medida justificaba la decisión ante la creciente ola de violencia en la ciudad y en las áreas cercanas a las instalaciones judiciales.

El Tribunal mencionó un incidente ocurrido el domingo previo al anuncio, donde dos personas que asistieron a una audiencia inicial ante un juez de control fueron asesinadas cerca del Centro de Justicia Penal Federal. Además, dos días después, un abogado y su hijo, quien había brindado servicios legales a una de las víctimas de la agresión del domingo, también fueron asesinados en su hogar.

En los últimos años, otros ataques similares han sacudido a la comunidad judicial en Colima. En julio de 2022, Jonatan Vislay Polanco Arias, secretario de Acuerdos del Juzgado de Paz en Coquimatlán, fue asesinado junto con su esposa durante un ataque armado en el municipio de Colima.

Uno de los casos más impactantes fue el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa, Verónica Barajas Guerra, en junio de 2020. Este suceso generó condenas de los tres poderes de la Federación y un llamado a la acción conjunta por parte de las autoridades federales y estatales.

La inseguridad y el peligro siguen siendo preocupaciones cruciales para los funcionarios judiciales en Colima, quienes desempeñan un papel esencial en la administración de la justicia y el mantenimiento del Estado de derecho.