REFORMAS ELECTORALES DE AMLO EN MANOS DE LA SCJN

Con la publicación del segundo paquete de reformas electorales en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de marzo pasado, la batalla jurídica en contra del denominado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comenzó.

Como lo advirtió la oposición y el Instituto Nacional Electoral (INE), ya preparan las acciones legales pertinentes para que las modificaciones electorales aprobadas por el Congreso de la Unión sean revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La determinación que tomen los órganos autónomos, los cuales se encuentran bajo ataque del Poder Ejecutivo, marcarán radicalmente tanto la organización como el desarrollo de los comicios más importantes de la historia de México: los de 2024, donde se renovarán los dos cargos políticos más importantes del país, la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y la Presidencia de la República.

El 1 de marzo pasado, el ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la controversia constitucional que presentó el INE en contra del primer paquete de reformas electorales conformado por: la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas publicadas en el DOF el 27 de diciembre pasado.

De acuerdo con el árbitro electoral, “las modificaciones legislativas merman su autonomía y la capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, además de que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda”.

El ministro de la Corte dio un plazo de 30 días hábiles para que la Cámara de Diputados y el Senado, así como la Presidencia y la Secretaría de Gobernación, presenten sus posturas y sus contestaciones.