QUE!, GOBIERNO QUITA 3.3MIL MDP EN INFORMÁTICA, DEPENDENCIAS HACKEADAS POR TENER 65% MENOS SEGURIDAD

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador recortó 3 mil 300 millones de pesos en los servicios de informática y ciberseguridad en todo el gobierno.

Esto ha significado que funcionarios trabajen con programas pirata y equipos obsoletos, que no tengan ni siquiera antivirus, que haya plataformas a punto del colapso y que estén en riesgo millones de ciudadanos y empresas cuyos datos están en los servidores de instituciones, como la CURP, pasaportes, reportes fiscales y contratos, entre otros.

Además, el riesgo cibernético se materializó durante el actual sexenio con el hackeo a instituciones tan fundamentales para la seguridad y la economía del país como la Secretaría de la Defensa Nacional, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Economía, sin que hasta el momento se haya informado el monto de las pérdidas monetarias ni de datos.

En los cuatro casos, las instituciones tuvieron recortes presupuestales de hasta 65% en las áreas relacionadas con informática, como parte de las medidas de austeridad impuestas por el presidente López Obrador al inicio de su mandato.

El caso extremo ocurrió en la SICT, con el recorte de 65% del presupuesto para nueve rubros relacionados con la informática entre 2018 y 2022, mientras que el gasto específico de servicios de ciberseguridad tuvo 402 millones de pesos menos en el mismo periodo.

El riesgo se concretó. El 24 de octubre, la secretaría fue hackeada y paralizada, pues, como parte de las acciones contra el ataque y para evitar más afectaciones, suspendió todos los trámites a su cargo desde esa fecha y hasta el 31 de diciembre, según informó a través del Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, desde 2019, la SICT alertó que tenía esta vulnerabilidad. “La dependencia no ha implementado los mecanismos mínimos en materia de seguridad informática que permitan monitorear e instrumentar controles efectivos que respondan a los riesgos de fuga de información o de otro tipo de amenazas”, reportó en su Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), documento en el que se informan los problemas que podrían impedir el cumplimiento de objetivos y metas.

Ese recorte en materia de informática o “ahorro” —como se ha tratado en la administración lopezobradorista— ni siquiera se compara con los recursos que mueven la industria del transporte y las cadenas de suministro para todo el país que se vieron afectadas.

Solo en la frontera entre Tijuana y San Diego ocurren alrededor de 4 mil exportaciones todos los días, lo que representan más de 240 millones de dólares, mientras que en la importación se registran 8 mil operaciones al día que equivalen a más de 480 millones de dólares, de acuerdo con Israel Delgado, vicepresidente de la región noroeste de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Para que eso ocurra, la industria necesita que sus choferes tengan documentos en regla, pero, debido al hackeo, la secretaría suspendió la “expedición y renovación de licencia federal de conductor, así como los trámites de expedición de permisos de autotransporte federal, transporte privado y sus servicios auxiliares”.

También, todos los trámites ante la Agencia Federal de Aviación Civil, a partir del 24 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2022, justamente el periodo de auge comercial que demanda mayor transporte de mercancías.

Hasta el 2 de noviembre, la industria de transporte se encontraba aún en “crisis y caos”, según denunció Elias Dip, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), en un video publicado en su cuenta de Twitter y en el que pedía a la SICT implementar medidas urgentes para resolver el problema.

Luego del llamado de la industria, la secretaría organizó una primera mesa de trabajo donde se comprometió a continuar con la recepción de trámites prioritarios en los kioskos emergentes instalados, pero hasta el momento no se ha evaluado si esto evitará afectaciones en la industria y el suministro de mercancías.