PROPUESTA PARA EVITAR INFILTRACIONES DEL NARCO EN POLÍTICA

Evitar la infiltración del crimen organizado en las candidaturas a cargos de elección no depende solo de fortalecer los protocolos de selección de los partidos, requiere también sanciones que alcancen a las fuerzas políticas que los postulan e incluso la anulación de procesos; se trata de aumentar el costo político de malas decisiones partidistas, coincidieron especialistas.

Durante los últimos años, el tema ha estado presente en los discursos oficiales y a través de propuestas de ley que buscan el blindaje de las candidaturas, pero los casos se repiten. Una muestra es la reciente detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera , acusado de nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, quien llegó postulado por Morena, aún cuando en su historial tenía acusaciones previas de presunta corrupción.

Establecer medidas de impacto como la llamada "muerte civil", es decir inhabilitar a personas a las que se hallen vínculos criminales para que no puedan ocupar cargos públicos de por vida, o en casos graves retirar el registro a los partidos políticos que los postulan pese a las alertas, obligaría a éstos a ser más selectivos con sus perfiles, proponen especialistas en elecciones.

“Si realmente queremos evitar que haya representantes del crimen organizado siendo candidatos y después siendo gobernantes en cualquier nivel de gobierno, la sanción debería ir hasta allá, hasta quitarle el registro al partido que lo postuló”, advierte el exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Sánchez.

De este modo, los partidos también pondrían mucha más atención en a quién postulan y el modo de hacer campaña, dice el también catedrático del Tecnológico de Monterrey.

En este mes se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum tenga lista la propuesta de reforma electoral para su envío al Congreso y, que ésta, pueda entrar en vigor para las elecciones federales de 2027. El objetivo prioritario es abaratar el costo de los partidos y las elecciones.

La verdadera urgencia, dice Espinosa Silis, está en delinear una política de Estado que comprometa a las instituciones de seguridad a investigar, dar seguimiento y llevar a prisión a políticos con vínculos criminales, pero también debe existir corresponsabilidad de los partidos, pues afirma que muchos de los casos en donde se han confirmado vínculos criminales eran previsibles.

El estratega político Espinosa Silis propone detectar las zonas de mayor actividad criminal y hacer un mapeo que permita identificar tanto en el pasado como en el presente dónde hay más incidentes de violencia durante las elecciones. Para dicho registro es importante atender denuncias públicas y formales que puedan incorporarse a un protocolo específico.

Yair Mendoza, investigador de México Evalúa, pone el foco en los recursos y en hacer un seguimiento puntual de las amenazas e indicios de que algún grupo criminal tiene interés en meterse a una elección, ya que la violencia en determinadas zonas puede ser un indicador y poner lupa podría evitarlo.

Hacer este tipo de seguimientos, incluso permitiría a las autoridades contar con elementos que permitan su anulación y encarecer para los partidos el costo de esas decisiones.

“Lo que se tiene que hacer es volver muy costoso que el crimen se meta en una elección y eso sólo se logra a través de un mecanismo interinstitucional, a través del cual se puedan ir anulando elecciones” en ese tipo de casos, indica.

Esta estrategia requeriría de la articulación de diferentes instituciones: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el INE, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Feadle).