NO LES IMPORTA LOS BLOQUEOS NI EL SECTOR AGROPECUARIO LA 4T APROBÓ LA REFORMA A LA LEY DE AGUAS

Morena y sus aliados del PT y del PVEM aprobaron fast track en la Cámara de Diputados, en lo general, reformas en materia de agua, en las que plantea un catálogo de delitos hídricos que se castigaran con 1 a 8 años de prisión y multas desde 4 mil pesos a más de 3 millones 394 mil pesos a quien infrinja la nueva ley.

De nada valieron las protestas que campesinos, que llegaron con sus tractores, realizaron en los alrededores del recinto de San Lázaro, ya que el partido oficialista aplicó su mayoría y modificó el orden del día de la sesión de este miércoles para, en un claro albazo, se incluyera de última hora el dictamen aprobado por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, aprobado apenas dos horas antes.

Se aprobó en lo general con 328 votos, 131 en contra y cinco abstenciones.

La iniciativa plantea un catálogo de delitos hídricos que plantean de 1 a 8 años de prisión y multas desde 4 mil pesos a más de 3 millones 394 mil pesos a quien infrinja la nueva ley.

Previamente, la presidenta de la mesa directiva, la panista Kenia López, expresó su desacuerdo con que se haya cambiado la agenda de los temas a tratar.

Pero finamente los morenistas se impusieron a pesar de que diputados del PAN y PRI presentaron dos mociones suspensivas para trata de frenar la discusión del dictamen pues con estas reformas se afecta a los campesinos y productores.

Incluso, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, propuso que un grupo de campesinos estuvieran en la zona de galerías durante la discusión del dictamen y escuchar a los morenistas que dicen que esta ley esta bien.

Kenia López, como presidenta se pronunció a favor, pero los vicepresidentes, Sergio Gutiérrez Luna y Raúl Bolaños Cacho, del Partido Verde, se manifestaron en contra.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Elizabeth Cervantes de la Cruz, dijo que hoy es un día histórico porque con esta reforma se cierra la puerta a la corrupción, los abusos y al mercado negro que lucró con el líquido durante décadas.

Dijo que ahora se otorga certeza jurídica con un sistema de concesiones más ordenado y transparente, que frene el acaparamiento y ponga punto final a la sobreexplotación.

“Entre los avances más importantes contenidos en la Ley de Aguas Nacionales destacan certeza jurídica y accesibilidad. Se crea el Registro Público Nacional de Agua, realmente público y accesible para poner fin a los manejos opacos; fin al abuso de concesiones y sobreexplotación. Se ordena el Sistema de Concesiones y Asignaciones, haciéndolo claro, expedito y transparente.

Afirmó que cuando se transmita el dominio de tierras vinculadas con un título de concesión para el uso del agua, el nuevo propietario no perderá ningún derecho, al contrario, conservará los derechos sobre la explotación, uso o aprovechamiento.

El panista Torres Cofiño denunció que con esta ley Morena busca tener el control político a través del sometimiento y dominar a los campesinos.

“Una ley sin presupuesto es una estafa, pero una ley sin presupuesto y con control político es una amenaza al país. Pero sabemos cuál es el objetivo real, quedarse con la llave del agua para usarla como poder. Es un peligro gigantesco, Morena no está construyendo una política hídrica, está construyendo un sistema de control, no está modernizando nada. Está centralizando todo y no está resolviendo la crisis, es un proyecto político, indicó el coahuilense.

El priista Rubén Moreira señaló que esta ley castiga en lugar de acompañar a los productores agropecuarios. “Estamos en contra, porque esta ley promueve el rezago. No quitaron todas las negativas fictas, no las quitaron todas, quedaron algunas. Estamos en contra porque hay una total discrecionalidad a la autoridad para reasignar volúmenes de agua, así como disminuir o cancelarlos. En el dictamen se mantiene la prohibición de cambiar el tipo de cultivo total o parcialmente. Va a ser una trampa para miles de productores. Ahí está, léanlo. Y estas leyes consideraron a los productores como delincuentes”.

La discusión en lo particular de la reforma continua en el recinto legislativo de San Lázaro.