NI MÉXICO NI ESTADOS UNIDOS CONTEMPLAN PLAN DE MIGRANTES QUE NO SON MEXICANOS

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara reinstalar a la brevedad el Programa Quédate en México para que solicitantes de asilo esperen su proceso en nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre un plan de ayuda para migrantes mexicanos, “México te abraza”, pero ni ella ni Trump detallaron acciones de protección para aquellos provenientes de otras naciones.

La mandataria dijo que “si hay una persona de otra nacionalidad que se encuentra en la frontera, en la intemperie, por razones humanitarias no se le puede negar la atención”, aunque de inmediato habló de que se les orientaría para “la repatriación voluntaria”, para “ayudarles” a regresar a sus países de origen.

Esto reavivó el debate sobre si México puede ser un “tercer país seguro” para esos migrantes, o si en los hechos el gobierno de Sheinbaum, aunque lo niegue, ya había aceptado serlo.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el concepto de “tercer país seguro” implica aplicar las garantías de la Convención de Ginebra firmada en 1951; la obligación de proteger a los refugiados, otorgarles estancia legal, impedir detenciones y arrestos arbitrarios, y satisfacer sus necesidades vitales.

Expertos coincidieron en que, hasta ahora, no se conoce ni se espera un acuerdo formal de tercer país seguro, porque implicaría que México acepte todos los costos de recibir y atender a los migrantes de otros países, les dé a todos la condición de refugiados y se comprometa a garantizar su seguridad y atención médica.

En el inicio del sexenio de López Obrador, ante la amenaza de Trump de imponer aranceles, el gobierno de México aceptó que solicitantes de asilo esperaran la resolución de sus casos en México, y mientras tanto el país les ofrecería “oportunidades laborales y acceso a la salud y educación a los migrantes y sus familias… así como protección a sus derechos humanos”.

Entre enero de 2019 hasta enero de 2021, México recibió a más de 71 mil solicitantes de asilo a Estados Unidos, incluyendo niñas y niños, de acuerdo con Human Rights Watch.

Y organizaciones sociales denunciaron que la estancia de estos migrantes en la frontera del lado de México los expuso a riesgos como persecución, tortura, secuestros y otros delitos, sin que se pudiera garantizar sus derechos a la salud, educación y vida digna.

Algo similar pasó durante los primeros siete meses del gobierno de Biden, cuando se registraron 6 mil 356 casos de ataques violentos (secuestros, violaciones, tráfico de personas, tortura y más) contra personas migrantes obligadas a quedarse en México bajo el programa Quédate en México y el Título 42 –medida para frenar la migración con motivo de la pandemia de COVID-19–, según refiere Hispanics in Philanthropy.

El 12 de septiembre de 2019, el entonces canciller, Marcelo Ebrard, dijo que aceptar ser un “tercer país seguro” implicaría firmar un tratado y “que todas las solicitudes de asilo se tramiten en México, y eso no se aceptaría “bajo ninguna circunstancia”.

A diferencia del compromiso que representaría ser un “tercer país seguro”, el programa Quédate en México no es un protocolo de protección, sino de “disuasión”, comentó en entrevista Gretchen Kunher, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).

“No hay una definición aceptable por la que México pueda ser considerado un tercer país seguro a donde regresar a solicitantes de asilo. México es inseguro para un número significativo de personas migrantes y mexicanas; tiene un récord preocupante de violaciones graves a los derechos humanos; y niveles altos de crimen violento e impunidad”, refirió el Instituto en 2019.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) define a un tercer país seguro como aquel “donde la persona solicitante de asilo será protegida de la devolución a un país donde su vida o libertad corra peligro, y podrá solicitar asilo de acuerdo con los estándares internacionales”.

Los Acuerdos de Tercer País Seguro (ATPS) se basan en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, de la que México forma parte.

De acuerdo con el IMUMI, un tercer país seguro contempla a países que no son generadores de refugiados, y/o en donde las personas refugiadas pueden disfrutar de esta protección sin riesgo.

Estos países deben cumplir con algunos estándares como: garantizar la seguridad y no devolución de los solicitantes de asilo; servicios de salud, vivienda, educación, seguridad social, empleo, acceso a procedimientos de asilo justos; asegurar la unidad familiar y tomar en cuentas particularidades de los solicitantes.

Además, el tercer país debe asumir todos los procesos y costos para brindar protección a las personas trasladadas bajo un ATPS. Y se debe garantizar que las personas no sean devueltas a sus países de origen, ni enviadas a un país en que sean perseguidas.