MÉXICO EN CRISIS A CAUSA DE LA INSEGURIDAD, VIOLENCIA, SALUD Y EDUCACIÓN

México atraviesa por una enorme crisis de violencia social; probablemente la más grande de su historia. La alarma se ha expandido por todas partes y ha incitado el ensayo de varias explicaciones. La más socorrida es la que señala a la pobreza y a la falta de oportunidades educativas como los orígenes de índole estructural, que deben ser atendidas por las políticas públicas. Una sociedad más pobre y más educada, se piensa, acarreará una incidencia delictiva más baja, incluida la que involucra dosis notorias de violencia. Algunos casos nacionales avalarían esta posición: Suiza, Japón, Canadá y los países escandinavos (Meghir et al., 2012), en un polo; y los países del África subsahariana, en el otro (Hjalmarsson y Lochner, 2012).

Tras esta idea se despliega una secuencia de supuestos sobre el comportamiento humano que la modernidad ha impulsado, mientras que la pre y la posmodernidad se han encargado de debilitar. El primero de ellos es que los individuos persiguen su propio interés, pero la sociedad restringe esta búsqueda hasta constreñirla solo a la esfera de la legalidad. De esta forma, ese interés se ve socialmente modificado, en la medida que el resultado neto del beneficio —determinado por el riesgo de ser sancionado y el tamaño del castigo— deriva en un incentivo lo suficientemente poderoso para inhibir las conductas delictivas.

Esto es lo que se encierra detrás de la visión hobbesiana de la modernidad (Hobbes, 1982). El segundo es que la educación contribuye de manera decisiva a detener esos impulsos o, como quería Rousseau (2000), a reconvertirlos para dar cauce al hombre bueno y natural. De cualquier modo, la idea es que la educación es portadora de una enseñanza invaluable: el arreglo social de acuerdo con la Virtud, que hace posible la emergencia de ciudadanos libres y solidarios. Conforme a este pensador, el progreso representaría la forma para abandonar la pobreza; así se pierde un incentivo para delinquir. Pero no es suficiente: el afán de riquezas, involucrado en la búsqueda del interés propio, debe ser refrenado por un Estado que destierre la impunidad, así como por una educación que convence de que la armonía social es la mejor forma en la cual los individuos pueden convivir en comunidad.

En este sentido, la relación que nos vincula a una mayor educación con un menor grado de delincuencia ha encontrado el aval de otros investigadores. Por ejemplo, Nateras y Zaragoza (2017) señalan que en México la deserción escolar es uno de los factores sociodemográficos determinantes de la delincuencia. De manera similar, en Uruguay, los adolescentes detenidos suelen ser hombres con un bajo nivel educativo, que tuvieron problemas para su inclusión en las instituciones educativas y en el ámbito laboral (Trajtenberg y Eisner, 2015). Por su parte, Huang (2016) apunta que la relación entre delincuencia y educación se cruza en la deserción durante el bachillerato.

Sin embargo, el lazo de la delincuencia con la pobreza es menos contundente. Los casos nacionales mencionados antes admiten otros contraejemplos: es el caso de Italia, donde al lado de un aceptable nivel de bienestar convive una actividad mafiosa, no solamente en el sur más tradicional, sino también en otras partes del país. En el mismo México se encuentra que la violencia prolifera ahí donde la comunidad es más próspera; mientras tanto, en entidades como Oaxaca y Chiapas no se manifiesta, ni lejanamente, en similares proporciones, a pesar de ser catalogados como estados con mayores grados de pobreza.

Por tal razón, la debilidad de este vínculo es más acentuada que en el caso de la educación. Así lo han indicado autores como Guillén (2006), Ortega (2010), Nateras y Zaragoza (2017), Trajtenberg y Eisner (2015). Todos ellos han declarado que la pobreza no es un factor decisivo para explicar la delincuencia: existen otros factores que activan la predisposición individual a delinquir, y la pobreza es solo uno de ellos.

El objetivo de este trabajo de investigación es revisar las relaciones entre educación, pobreza y delincuencia, precisamente porque: a) el vínculo de esta última con la pobreza es ambigua y, en todo caso, debe distinguirse entre las transgresiones asociadas con la violencia y aquellas que no la involucran; y b) la educación no necesariamente actúa en el sentido esperado por el paradigma de la modernidad, en el sentido de que aquella reduce la pobreza y abate el crimen. De hecho, a través de diez modelos de regresión lineal se obtienen distintos resultados: la pobreza y la educación no inciden directamente en la violencia delictiva, pero sí actúan sobre ella de forma indirecta: mediante los delitos contra la salud.

En segundo término, la delincuencia del fuero común y exenta de la violencia es afectada directamente por la pobreza y el nivel educativo, pero en el sentido inverso al que por lo general se le confiere: una sociedad más educada, apuntan Tierney (2015) y Hannum et al. (2017), aliviará la pobreza y sus consecuencias, entre las que podemos relacionar la incidencia delictiva, incluso la que involucra dosis notorias de violencia. Los resultados de la presente investigación indican lo contrario.

La consecuencia de estos resultados para la política pública en materia de educación y el combate a la pobreza es valiosa por sí misma, en la medida que enriquece el desarrollo de las capacidades de los individuos (Sen, 2000). Su promoción no promete logros de corto plazo, en términos de reducción de la violencia, aunque sí en términos del delito del fuero común. Esto significa que mientras este último es una expresión de las condiciones sociodemográficas, la violencia obedece a factores diferentes, más cercanos a la configuración de una actividad empresarial, en la que el nivel educativo aporta, aunque no necesariamente, un insumo rentable.

Estos resultados guían la exposición de las líneas siguientes. En el primer apartado se presenta la metodología, que consiste en diez modelos, divididos según el carácter violento o no violento de la delincuencia. El propósito es encontrar los elementos distintivos y similares que los caracterizan. En la siguiente sección se presentan los resultados para analizar los vínculos entre educación, pobreza y delincuencia. Primero se aborda el papel que desempeñan en la proliferación de la violencia delictiva; después se hace lo mismo, pero en el caso de los delitos del fuero común que excluyen el homicidio doloso. En la tercera sección se ensaya una interpretación de los resultados, fincada en las características híbridas del sistema político mexicano y su derivación en un esquema de impunidad administrada, que se salió de control una vez que el poder político se descentralizó en épocas recientes