México, el país de los feminicidios disfrazados: 1 de cada 5 se oculta bajo una categoría delictiva distinta

Uno de cada cinco feminicidios ocurridos en la última década fue ocultado por las autoridades bajo una categoría delictiva distinta o, incluso, fue registrado como muerte accidental para así simular la reducción en la incidencia de estos casos.

De cada 100 hechos delictivos denunciados en México sólo 11 son investigados hasta lograr la captura y enjuiciamiento de los presuntos responsables, tal como revelan los registros oficiales sobre justicia penal divulgados por las autoridades del país. Sin embargo, hablando específicamente de los feminicidios (los asesinatos en los que el género femenino de la víctima fue una condición determinante para su ejecución) el promedio de éxito en la persecución judicial se cuadriplica, ya que, según la autoridad, los presuntos responsables fueron llevados ante tribunales en 46 de cada 100 crímenes. 

Por esa razón, las autoridades mexicanas aseguran que el feminicidio es uno de los delitos que se persigue con mayor eficacia a nivel nacional, en especial, si se le compara con otros ilícitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, como el homicidio doloso y las lesiones dolosas.

No obstante, tal como también revelan los registros oficiales en materia penal, estos logros en la persecución del feminicidio no son enteramente producto de un mejor funcionamiento del sistema de justicia, sino que, en buena medida, son resultado de la manipulación de expedientes, que permite a las autoridades reducir de un plumazo las estadísticas sobre violencia contra las mujeres.

Gracias a esta manipulación, entre los años 2015 y 2021 –único periodo sobre el que se reporta el proceso penal completo, desde la comisión del delito hasta la sentencia– al menos uno de cada cinco feminicidios no fueron reconocidos por las autoridades ministeriales, sino que fueron registrados bajo una categoría delictiva distinta o, incluso, como muertes accidentales.

Además, los registros sobre los juicios penales realizados en el país (que son recabados por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia), revelan que las pocas personas a las que se halla culpables de feminicidio en México son las que más fácilmente evitan la prisión, a pesar de haberse establecido su responsabilidad mediante una sentencia condenatoria, debido a las deficiencias con las que operan los organismos responsables de investigar y probar estos crímenes, así como por la discrecionalidad con la que los jueces encargados de estos casos otorgan beneficios a los agresores para eludir la sanción.

Entre estos beneficios otorgados por jueces –orientados a que los feminicidas no lleguen a prisión, o para que permanezcan ahí el menor tiempo posible– están la aprobación de acuerdos reparatorios, exenciones carcelarias, sustitución de sanciones y avales a perdones supuestamente otorgados por las víctimas de forma tan irregular que, incluso, se emitieron después de que éstas fueron asesinadas.

Debido a la existencia de estas rutas hacia la impunidad en el sistema de justicia mexicano, de los al menos 7,005 asesinatos de mujeres que entre 2015 y 2021 se cometieron bajo los patrones legales establecidos para determinar un feminicidio, el Ministerio Público únicamente reconoció la ocurrencia de este delito en 5 mil 725 casos

Mientras tanto, otros 1,280 asesinatos de mujeres (una quinta parte de todos aquellos con características de feminicidio) fueron catalogados por las autoridades ministeriales sólo como “homicidio doloso” o como “homicidio culposo” (es decir, accidental), aun cuando los agresores incurrieron en una o varias causales de feminicidio, tales como haber sido parejas de sus víctimas, exparejas, familiares políticos o consanguíneos, allegados, autoridades públicas, personas que ejercían algún poder sobre ellas en el contexto personal, laboral, o académico, o bien porque, además de ser asesinadas, fueron sometidas a violencia física, sexual, familiar, torturas, retención, actos infamantes, actos de discriminación, intimidación o amenazas.

Cabe destacar que los 1,280 asesinatos de mujeres que no fueron reconocidos como feminicidio por las autoridades, citados en esta investigación periodística, no son todos los feminicidios cometidos en México que han quedado ocultos bajo una categoría delictiva diferente. Son únicamente aquellos cuya ocurrencia puede conocerse en la actualidad, porque en algún momento de la última década se inició un juicio penal contra los presuntos responsables.

El número total de asesinatos de mujeres ocultos por el Ministerio Público bajo una categoría distinta al feminicidio, y que no han llegado a juicio, no puede saberse en el presente, porque las autoridades mantienen oculta esa información.