MULTA DE MÁS DE SIETE MILLONES DE PESOS POR PARTE DEL SAT A QUIÉN LAVE DINERO

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzó sus estrategias para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y anunció que las personas físicas o morales que incumplan las disposiciones del programa antilavado podrían recibir multas superiores a los 7 millones de pesos.
Durante un encuentro con representantes de sectores económicos considerados como de Actividades Vulnerables, el SAT presentó un nuevo esquema de capacitación especializada que busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales y fortalecer la supervisión de estas actividades.
Los sectores involucrados incluyen casas de empeño, inmobiliarias, notarios, artistas plásticos, distribuidores de autos, corredores públicos, agentes aduanales y empresas del sector entretenimiento y apuestas, entre otros. Todos ellos están obligados por ley a registrarse en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD) y cumplir con una serie de requisitos clave.
Entre las principales obligaciones destacan:
Identificar plenamente a sus clientes
Conservar información por un mínimo de cinco años
Registrar electrónicamente las operaciones consideradas como vulnerables
Evitar la presentación extemporánea de avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
También deben tener lineamientos internos, facilitar auditorías del SAT y proteger adecuadamente los datos recabados durante sus operaciones.
En caso de no acatar las disposiciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las multas van desde los 22 mil pesos hasta los 7 millones 354 mil pesos, dependiendo de la gravedad y reincidencia de la falta.
El SAT también anunció la renovación de su Minisitio de Actividades Vulnerables, donde los contribuyentes pueden consultar información actualizada sobre sus obligaciones y presentar los avisos correspondientes ante el SPPLD.
Este programa forma parte de los esfuerzos del gobierno mexicano por alinearse a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y reforzar la transparencia económica en el país.
Con estas medidas, el SAT envía un mensaje claro: no cumplir con el programa antilavado puede resultar muy costoso.




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