LOS NEGOCIOS FANTASMAS DE AMLO SE NIEGAN A DESAPARECER

La gran promesa del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue luchar contra la corrupción. Combatirla no solo era un deber moral, sino una manera de salvar recursos y estirar el presupuesto.

La cruzada de AMLO contra la corrupción gubernamental no tardó en posar los ojos sobre las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), como define el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a las compañías sin la capacidad material o personal para realizar actividades. Factureras, empresas fachada o fantasma son otras formas de nombrarlas.

El entonces presidente propuso tipificar como delito grave la constitución de empresas fantasma o la elaboración de facturas falsas, cuyo uso masificado, llegó a señalar, era culpa de las administraciones pasadas. Las referencias encontraron un lugar en sus declaraciones matutinas: “El mal ejemplo acerca de las facturas falsas lo daba el mismo gobierno”, dijo sobre el fenómeno, al que comparó en gravedad con el crimen organizado, lo llamó “plaga” y refirió que “creció en los últimos años como hongos después de la lluvia”.

“Pero eso se termina”, aseguró en su sexenio.

Sin embargo, no ocurrió así. Esta investigación revela que en el sexenio pasado se contrató a empresas inexistentes y se repitieron las irregularidades administrativas de los gobiernos del pasado. En muchos casos eran compañías que habían recibido contratos en administraciones anteriores.

Entre 2018 y 2022, la administración lopezobradorista asignó 87 contratos a 34 proveedores fantasma por 182.8 millones de pesos (mdp), a través de 23 dependencias federales, cinco universidades, cuatro oficinas estatales y un ayuntamiento en Tabasco. Lo que equivale a 100 mil pesos diarios otorgados a EFOS en los primeros cinco años de su mandato.

Quinto Elemento Lab y el Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México cruzaron el listado de EFOS definitivas al 31 de enero de 2023 con los contratos de CompraNet realizados entre 2002 y 2022. El análisis de esta base de datos permitió identificar a las empresas fachada contratadas por la pasada administración.

Como el SAT actualiza este registro periódicamente, es posible que en archivos más recientes haya empresas que no se consideraron en la investigación, así como EFOS definitivas contabilizadas aquí, que podrían haber quedado excluidas de los nuevos listados.

La revisión de los 87 contratos con empresas fantasma –definitivas hasta el corte de enero de 2023– evidenció que en el sexenio de AMLO se mantuvieron prácticas del pasado en las adquisiciones con factureras, como compras de excepción, ocultamiento de contratos o facturas, pagos a proveedores que confirmaron tener escasos trabajadores, carencia de constancias fiscales y de seguridad social, pruebas de cumplimiento únicamente documentales y contratación de empresas multiusos.

Además de posibles sobrecostos o pérdida de recursos, las consecuencias fueron más allá: se abandonó la construcción de carreteras y algunos hospitales sufrieron desabasto de equipo médico especializado. Todo esto mientras el gobierno lopezobradorista emprendía una persecución penal contra las factureras, a la vez que detectaba menos EFOS que sus antecesores.

En una tarde de mayo de 2024, sobre la calle Vicente Suárez, en la ciudad de Puebla, de una antigua casa de clase media con un despacho en la planta baja sale una mujer mayor. Se asombra al escuchar la pregunta de si conoce a Medical & Technical Books, una EFOS que se dedicaba a la venta de libros y publicaciones especializadas. Desde un balcón del segundo piso, adornado con macetas y figuras religiosas, un hombre —también de apariencia mayor— responde que la firma estuvo ahí hace unos cinco años.

Los casos de compañías que dan domicilios inexistentes o en viviendas se repiten en otras partes del país.

Para poder emitir facturas, toda empresa debe registrar un domicilio. Pero muchos de los reportados por las 34 factureras contratadas en el gobierno de AMLO corresponden a casas o locales con pocas señales de que ahí opere alguna compañía.

Este tipo de direcciones son una alerta, advierte Denise Tron, de la organización Justicia Justa, pues el “domicilio fiscal no puede ser la casa de uno de los socios o del representante legal, o un domicilio que dio un prestanombres, está regulado en el Código Fiscal de la Federación”.

“Estos domicilios son un problema relacionado con la materialidad porque implican que no tienen las condiciones básicas de infraestructura física, de mobiliario o de elementos tecnológicos para operar y cumplir con la actividad que supuestamente realizan”, agrega Natalia Campos, especialista del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Domicilios fiscales de algunas compañías fantasma contratadas en el sexenio de AMLO se encontraban en viviendas o en locales desocupados u ocupados por otras empresas . Fotografías: Andrés de la Peña, René Valencia, Violeta Santiago, Quinto Elemento Lab.

A las direcciones irregulares se suma el hecho de que, mientras 13 proveedores fantasma se estrenaron como contratistas con AMLO —destacan Cookout Party, Servicios de Limpieza Ecoclorx, Estructuras Arquitectónicas Tholoi, Cubso Construcciones y Productos Mobeqt por haberse constituido en 2018, la mayoría entre noviembre y diciembre—, 21 EFOS eran viejas conocidas de los sexenios de Enrique Peña Nieto o de Felipe Calderón, e incluso un par recibió contratos en tiempos de Fox.

Por ejemplo, Construcción Instrumentación y Servicios, compañía imposible de localizar en su domicilio de Agua Prieta, Sonora, y que recibió 92.7 millones de pesos en el periodo de López Obrador para ampliar una carretera en ese estado —que dejó abandonada—, en los sexenios de Calderón y Peña se encargó de pavimentaciones y obras hospitalarias por 11.2 millones de pesos.

López Obrador incluso llegó a exhibir a Peña Nieto, su antecesor, por el uso indebido de facturas falsas, “esas que ahora estamos prohibiendo”. Sin embargo, en su sexenio se mantuvieron tratos con empresas fantasma heredadas del peñanietismo, como Interacción Biomédica o Credimosa.

Fundada en 2012 en un domicilio ubicado junto a las oficinas administrativas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Toluca, Interacción Biomédica pasó a la historia como la empresa fantasma que más dinero público ha obtenido del área de salud.

De acuerdo con un informe elaborado por la organización Impunidad Cero, hasta 2019 la firma facturó a gobiernos de todos los niveles más de mil 600 millones de pesos, la mayor parte con el sistema de salud del Estado de México. Y en el sexenio pasado recibió contratos que sumaron 14.5 millones de pesos.

Mientras que Credimosa —una firma dedicada a la venta de llantas y refacciones que dejó el domicilio que tenía en el edificio donde opera la Fiscalía Regional de Naucalpan para mudarse a un penthouse localizado a 15 minutos a pie de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)—, obtuvo con Diconsa y las Fuerzas Armadas en el lopezobradorismo 7 millones de pesos, que se agregaron a los 73.7 millones recibidos en la época priista.

Según contratos y registros de comercio, detrás de la llantera fantasma está Marcelo Óscar Reyes Jiménez, subdirector de Recursos Materiales del DIF de la Ciudad de México en el gobierno de Marcelo Ebrard. La empresa también proveyó de llantas a dependencias capitalinas desde la gestión de Miguel Ángel Mancera hasta la de Claudia Sheinbaum.

En respuesta a esta investigación la Semar dijo que el procedimiento de contratación de Credimosa se apegó a los lineamientos de CompraNet y que la entrega de los bienes se acreditó mediante actas de entrega-recepción. Reyes y Credimosa respondieron a la consulta de este equipo periodístico.

Desde el punto de vista de especialistas consultados, que la cantidad de EFOS contratadas en el sexenio pasado parezca baja se debe a que muchas factureras posiblemente aún no han sido detectadas por la autoridad fiscal.

“El SAT dejó de ejercer esta facultad de poder investigar si los contribuyentes realmente realizaban las operaciones o solo las simulaban”, explica la especialista fiscal Denise Tron. “No es que haya menos empresas fantasma, es que hay menos empresas dentro del listado. Y pues no, no tenemos un dato del número que existe en la realidad”.

Para Vania Pérez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la falla en la detección de factureras también refleja la poca confianza en las autoridades, pues dice que hay un déficit de las denuncias ciudadanas que les permiten enterarse de que “había alguien que estaba haciendo tratos con una EFOS”.

No es posible precisar si la caída en la detección de EFOS es porque ya no existen este tipo de compañías o porque no se les están identificando, pero los expertos coinciden en que se trata de la segunda razón. El mismo planteamiento y otros hallazgos de esta investigación se presentaron al SAT para conocer su posicionamiento, pero la autoridad fiscal no entregó una respuesta.

Y mientras la inhabilitación de empresas fantasma se desplomaba, las EFOS también encontraban la manera de sortear las resoluciones del SAT.

Esta investigación encontró que tres de las 34 empresas fantasma que contrataron en el periodo de AMLO incluidas en la base de datos al corte de enero de 2023, actualmente se encuentran fuera del listado vigente de definitivas y aparecen en un registro público del SAT denominado de “sentencia favorable”, el más reciente, con fecha de actualización del 5 de febrero de 2025.

Una de ellas es Limpieza y Mantenimiento Xielsa. En el gobierno lopezobradorista obtuvo contratos que sumaron 19.8 millones de pesos por servicios de limpieza, adicionales a los 25.8 millones que recibió en las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

De los servicios contratados en el sexenio de AMLO por los Centros de Integración Juvenil y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez las pruebas de los servicios son una relación de fechas escritas a mano e información testada.

En una condición similar está Proyectos y Construcciones Roxi, empresa oaxaqueña invitada en 2019 directamente por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a la licitación de la rehabilitación de la Casa del Comedor de la Niñez Indígena “Josefa Ortiz de Domínguez” en Agua de Niño, localidad perteneciente a San Lucas Zoquiápam, uno de los 100 municipios con mayor rezago social en el país.

La obra consistía en una fosa séptica, una cisterna, cercados y el comedor —junto con la instalación eléctrica, y el levantamiento de muros y encimeras—. La justificación del instituto era que la empresa tenía tres contratos similares en CompraNet.

Según dijo la dependencia en respuesta a este reportaje, en el proceso de contratación “no se encontraron irregularidades por parte de la empresa” y cuando se le contrató entregó una Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, es decir, no era EFOS definitiva.

Quinto Elemento Lab obtuvo por Transparencia el expediente de contratación con la investigación de mercado, la convocatoria, una guía técnica con especificaciones, el contrato y los comprobantes de pago. Por esa misma vía el INPI no entregó pruebas de la realización de la obra porque negó que hubiera tratos con la constructora.

La dependencia inicialmente negó que existieran contratos con Proyectos y Construcciones Roxi. Tiempo después se retractó. Imagen: INPI, respuesta de Transparencia.

Sin embargo, los documentos confirmaron que en cinco ocasiones el instituto depositó o expidió cheques por un total de 4 millones 595 mil 478 pesos. El último pago fue de 421 mil pesos y se realizó en agosto de 2021, un año ocho meses después de la fecha en la que debía concluirse la obra y a nombre de otra empresa oaxaqueña. Para entonces el SAT ya había incluido a Proyectos y Construcciones Roxi en su lista de EFOS definitivas por ausencia de activos y personal, falta de infraestructura e incapacidad material.

Antes de publicar esta investigación, por correo electrónico el INPI reconoció que el contrato existía y que la obra se realizó, pero sobre todo destacó que la empresa había salido del listado de EFOS definitivas.

Render de cómo debería quedar el proyecto que el INPI encargó a Proyectos y Construcciones Roxi. Imagen: INPI, respuestas por Transparencia.

Tanto Limpieza y Mantenimiento Xielsa como Proyectos y Construcciones Roxi se encontraban en calidad de EFOS definitivas cuando se realizó el análisis para esta serie de reportajes. Se buscó a ambas compañías sin recibir una contestación.

Estas firmas salieron del listado de definitivas luego de interponer un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Las razones por las que una empresa le “gana” al SAT, dicen especialistas consultados, pueden ser varias: desde acreditar que sí realizó las operaciones facturadas hasta errores en el procedimiento, en los plazos de notificaciones, de alguna firma o cómo se realizó la visita del SAT, por ejemplo.

Si bien la resolución por la que se les declaró definitivas se invalida, para el SAT no significa que la empresa se libere de la responsabilidad de haber emitido facturas “sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que ampararon tales comprobantes, por lo cual, se dejan a salvo las facultades de la autoridad fiscal”, advierte el órgano.