LOS MIGRANTES NO SABEN SI REGRESARÁN A CASA DESPUÉS EN ESTADOS UNIDOS

Entre los cientos de migrantes detenidos en Los Ángeles se encuentra la mexicana Rosi. Tiene 27 años. Aunque no ha cometido ningún delito, fue arrestada por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos sin importar que dejara solas a sus dos hijas de 8 y 10 años.

Como es madre soltera, paisanos que viven en su misma comunidad se han organizado para cuidar de las niñas mientras luchan por la liberación de la joven.

Por el temor de ser detenido, José no se ha presentado a trabajar. Hace arreglos de plomería a domicilio desde que llegó a Santa Ana, California hace 36 años, pero hoy tiene miedo de ser arrestado mientras conduce.

"Se puso fea la situación por acá, nadie sabe qué va a pasar".

Las redadas masivas, implementadas desde el pasado viernes en distintas ciudades de California, han dejado un saldo oficial de 330 migrantes detenidos, muchos sin una orden de aprehensión en su contra.

El gobierno mexicano calcula que 61 de ellos son mexicanos, pero activistas y líderes comunitarios de Los Ángeles estiman que la cifra es mayor.

Justina Islas, diputada migrante de ese condado, ha documentado el arresto de al menos 150 mexicanos, incluido el caso de Rosi.

“El consulado tiene una lista y yo tengo otra. Lo que pasa es que cuando eres una líder comunitaria o te conoce la gente, te buscan, te llaman a ti. Porque la gente no sabe que hay esos programas en el consulado mexicano”, explica.

En la ciudad de Whittier, donde reside, arrestaron a los trabajadores de un autolavado, a los de una gasolinera, un supermercado y un Home Depot. Esto ha sembrado el miedo entre los connacionales y ha avivado las protestas en contra de las redadas, a las que la Casa Blanca ha respondido con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional.

Algunas compañías con un gran número de empleados migrantes han tomado medidas como la colocación de zaguanes con candados o vallas para impedir el paso de los agentes migratorios, que han hecho operativos en centros comerciales, zonas de reunión de jornaleros, campos agrícolas y otros lugares de trabajo.

"Los de Migración ya no están siguiendo ningún protocolo, ahorita llegan directo con la gente en los trabajos, se meten y empiezan los arrestos. Están completamente fuera de ley, haciendo lo que quieren", señala Guadalupe, mexicana que migró a Los Ángeles en 1990.

Muchos de los detenidos no han recuperado su libertad porque no han podido pagar la fianza de 5,000 dólares. La diputada Islas detalla que el consulado de México les apoya con un promedio de 1,500 dólares, por lo que la comunidad migrante se organiza para conseguir el dinero faltante, como sucede en el caso de Rosi.

A quienes ya fueron detenidos o deportados antes, explica, no se les permite pagar la fianza y les están imponiendo un castigo de tres meses de cautiverio, aunque soliciten la autodeportación.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha condenado las redadas y el consulado mexicano de Los Ángeles ha anunciado la búsqueda de mexicanos detenidos. Sin embargo, considera Islas, urgen más y mejores acciones de las autoridades consulares de México.

“Siempre dicen: ‘No están solos’, ahora que se vea, que es cuando más los necesitamos”.

Islas, por ejemplo, comenzó a recoger a sus colegas para llevarlos al trabajo. Ella tiene residencia y durante estos días se ha levantado a las dos de la mañana, se traslada por cada uno de sus compañeros y los lleva a la empresa, para iniciar el turno de las cinco de la mañana.

A pesar del temor, otros migrantes buscan la manera de ir a trabajar porque no quieren ser desalojados de sus viviendas si no pagan la renta, sostiene Islas. En Los Ángeles, afirma, es común el abuso de los arrendatarios, quienes a veces no entregan contrato de alquiler y suben la renta varias veces al año y desalojan a la gente que no puede pagar.

“Ellos tienen ese temor, pero tampoco pueden faltar a trabajar porque aquí no tenemos un control de renta y, lamentablemente, la gente está saliendo a trabajar con ese temor de que no regresen a su casa”, dice.