LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS DE TADDEI ABREN EL DEBATE SOBRE LOS CONTRAPESOS DENTRO DEL INE

La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral reavivó la discusión sobre las facultades que concentró durante su gestión y los mecanismos internos de control del organismo. Un análisis de Expansión Política señala que la reforma legal promovida en 2024 por Morena modificó la manera en que se realizan nombramientos en el instituto y permitió a la presidencia designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas.

Antes de ese cambio, los nombramientos requerían la intervención del Consejo General. Con la modificación al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la presidencia obtuvo la posibilidad de realizar designaciones sin que fueran aprobadas por el conjunto de consejerías. Según el análisis, Taddei efectuó 17 nombramientos bajo ese esquema.

Entre las personas designadas se encuentran funcionarios que habían trabajado con ella en otras instituciones o que contaban con experiencia en administraciones encabezadas por Morena. El reportaje también aborda nombramientos que generaron cuestionamientos dentro del propio INE, particularmente en áreas relevantes como fiscalización, administración y asuntos jurídicos.

Uno de los puntos más delicados es la Unidad Técnica de Fiscalización, responsable de revisar el origen, destino y aplicación de los recursos de partidos políticos y candidaturas. La designación de su titular fue impugnada por consejeros que cuestionaron su experiencia para ocupar el puesto. También se registraron cambios en la Dirección Ejecutiva de Administración, encargada de gestionar el presupuesto del instituto.

Tras la salida de Taddei, la presidenta interina, Blanca Yassahara Cruz García, anunció medidas para revisar la estructura y recuperar la toma de decisiones colegiada. Entre ellas se encuentran la renovación de cargos, la cooperación con las investigaciones sobre posibles conductas indebidas y la reconstrucción de acuerdos entre las consejerías.

La controversia también tiene un componente legislativo. Morena ha expresado disposición a revisar las facultades de la presidencia, aunque en el Congreso se ha discutido si el inicio del proceso electoral de 2027 limita el momento en que pueden modificarse las reglas. La oposición sostiene que devolver decisiones al Consejo General no necesariamente altera la organización de la elección, sino el funcionamiento interno del instituto.

Los señalamientos sobre presuntos conflictos de interés y opacidad deben ser investigados y no pueden considerarse responsabilidades probadas sin una resolución. Sin embargo, el debate sobre el diseño institucional permanece: cómo asegurar que la presidencia tenga capacidad de operación, pero sin concentrar decisiones que requieren vigilancia y participación colegiada.

La discusión será determinante para el INE, que debe preparar los comicios de 2027 mientras busca preservar su autonomía y credibilidad. El desafío es que las modificaciones a sus reglas fortalezcan los contrapesos sin poner en riesgo la continuidad de sus tareas electorales.