LAS ELECCIONES DE 2027, EL INICIO DE LA BATALLA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Dos intentos bastaron para mostrar que la presidenta Claudia Sheinbaum no contaba con el apoyo suficiente para asentar el proyecto de la Cuarta Transformación en la Constitución, antes de pasar la estafeta presidencial. Sus aliados –el PVEM y el PT– detuvieron la reforma electoral anunciada como uno de sus 100 compromisos para reducir el financiamiento a los partidos políticos y eliminar a legisladores plurinominales.

Ante el rechazo de los partidos que se sintieron afectados por la iniciativa, Sheinbaum presentó una nueva propuesta en la que intentó empatar la consulta de revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027, pero los petistas volvieron a frenar la intención de la presidenta de aparecer en las boletas.

Finalmente, en un periodo extraordinario del Congreso, se logró la aprobación de dos reformas que cambiarán las reglas para los aspirantes y las autoridades electorales en los próximos comicios: la posibilidad de anular una elección por injerencia extranjera y la obligación del Instituto Nacional Electoral (INE) de crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas para detectar perfiles con “riesgo” de nexos criminales.

Ambas se dan en el contexto de las acusaciones que hace el gobierno de Estados Unidos a políticos y funcionarios cercanos al partido oficial, a través de sus oficinas y agencias, de dar protección a miembros del cártel de Sinaloa y, con ello, la presión de poner fin a esas redes de protección a grupos delictivos.

En el contexto de la elección, estos cambios han levantado críticas de que las reformas puedan ser usadas a conveniencia para favorecer a Morena, en unos comicios en los que se renovará la Cámara de Diputados, donde se busca conservar la mayoría calificada a través de sus aliados; así como 17 gubernaturas y casi 20,000 cargos locales.

A diferencia de otras causales de nulidad ya contempladas en la Constitución, como el rebase del tope de gastos de campaña, la compra ilegal de tiempos en radio y televisión o el financiamiento ilícito, la nueva figura por “intervención extranjera” permite mayores márgenes de interpretación para demostrar si se influyó de forma determinante en el resultado de una elección.

La interrogante que se abre es qué debe entenderse por “intervención extranjera”, si hay financiamiento proveniente del exterior, campañas digitales impulsadas desde otros países o solo con declaraciones de gobiernos extranjeros.

Paulina Creuheras, subdirectora de Riesgo Político de Integralia Consultores, recuerda que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es la única autoridad que puede anular una elección.

Resalta que aunque en el pasado ha sido estricto ante una decisión de esta naturaleza, ahora se suma el “riesgo” de la cercanía de algunos de los magistrados con Morena, lo que podría generar una interpretación “menos estricta”.

A esto se suma que la reforma electoral permitió a los magistrados ampliar un año más su periodo y que puedan competir nuevamente por el cargo extendiendo su permanencia hasta por 17 años, lo que fue visto como un incentivo.

Creuheras considera que el cambio impulsado por Morena fue para protegerse ante la posibilidad de elecciones cerradas con menos del 5% de diferencia entre punteros, en entidades como Chihuahua o Nuevo León, donde señala que el oficialismo podría alegar injerencia si queda en segundo lugar.

“Es como una suerte de blindaje previendo el escenario de alta competencia en algunos estados como Chihuahua, tomando en cuenta el antecedente de los agentes de la CIA, que es gobernado por la oposición y está en la frontera”, dice.

Minar la confianza en el árbitro

En el caso de la nueva Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del INE, los analistas consultados ven que, ante la falta de reglas claras, se traslade al órgano electoral el costo de que algún perfil de riesgo no sea detectado y llegue a la boleta electoral.

El mecanismo para la revisión comienza con la entrega voluntaria de los listados de los aspirantes a cargos de elección popular. El INE remite los nombres a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Centro Nacional de Inteligencia y a la Fiscalía General de la República, y estas entregan los resultados al INE y este, a su vez, los manda a los partidos políticos, que decidirán si entrega candidaturas.

Aunque el INE sea solo la conexión entre los partidos y las dependencias, corre el riesgo de absorber la responsabilidad. Javier Oliva Posada, profesor-investigador de la UNAM, señala que habrá miles de aspirantes por revisar y cuando haya un candidato o candidata que se registre y gane pero tenga antecedentes criminales, se trasladará la responsabilidad al INE, lo que podría minar la credibilidad y la confiabilidad del organismo.

Esto se ha alertado al interior del INE. La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, reconoce que hay preocupación por el tema y ha pedido a las dirigencias partidistas hacer sus postulaciones con mucho cuidado para evitar infiltración de criminales.

“Les pido a los partidos políticos que sean exageradamente cuidadosos y que cuidemos la democracia mexicana (…), que respetemos esta parte que está siendo una exigencia social: que nadie involucrado con crimen organizado o delincuencia sea parte de las candidaturas y de las estructuras partidistas y eso está en la cancha estrictamente de los partidos”, señala en entrevista con Expansión.

El consejero electoral Arturo Castillo también se ha pronunciado al respecto: “Para tener elecciones confiables, necesitamos tener un árbitro fuerte y tener jugadores que respeten las reglas. Si el árbitro o las elecciones no son confiables, los candidatos electos pierden legitimidad. Eso puede afectar a todos, no solo al INE”.