LAS BRONCAS QUE DEJARÁ AMLO A CLAUDIA SHEINBAUM

"Vamos a conocer lo que realmente sucedió, que se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables... Mi compromiso es no fallarles a las madres, a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa”. Esa fue la promesa del entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en septiembre de 2018 a los padres de los estudiantes normalistas, pero a seis años de ese compromiso, la verdad de lo ocurrido se vio estano, lo que ha generado enojo y desilusión de los padres de los 43 estudiantes, quienes ahora depositan sus esperanzas en la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum.

“Teníamos esperanzas con él. Pensamos: ‘él va a dar con el paradero de los normalistas’”, así recuerda Clemente Rodríguez, padre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 jóvenes desaparecidos, las expectativas que tenían en el presidente López Obrador, quien el 30 de septiembre termina su gobierno sin cumplir su promesa.

Habían pasado menos de 72 horas de su gobierno, cuando la Presidencia de López Obrador tomó medidas en el caso Ayotzinapa. En el Diario Oficial de la Federación (DOF) fue publicado su primer decreto con el que se instruía establecer las "condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia” y cuyo objetivo fue crear la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa).

Esa no fue la única medida del gobierno de AMLO. Se echó al suelo la llamada “verdad histórica” y estableció una nueva línea de investigación, regresó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se creó una Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa y el presidente encabezó reuniones frecuentes con los padres y abogados de los estudiantes, a los que invitaba al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Los primeros pasos del presidente generaron esperanza en los padres de familia, quienes le daban un voto de confianza.

Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se tiró la llamada "verdad histórica", cuya versión consistía en que los integrantes de la organización delictiva "Guerreros Unidos" asesinaron e incineraron a los estudiantes en el basurero de Cocula por presuntamente tratarse de integrantes de un grupo contrario, denominados "Los Rojos".

Al frente de la investigación, Alejandro Encinas aseguró que esta "verdad histórica" fue construida desde el gobierno federal de Enrique Peña Nieto para encubrir lo que verdaderamente sucedió con los jóvenes en Iguala.

De acuerdo Encinas, Ayotzinapa fue un crimen de Estado , que involucró a funcionarios de los tres órdenes de gobierno quienes ocultaron la verdad. Reveló que fue en una junta de autoridades donde se creó la llamada "verdad histórica".

"Estaban encabezadas por el entonces procurador general de la República y participaban autoridades estatales, el propio gobernador, el ex procurador, autoridades militares y distintas corporaciones federales como la policía federal preventiva como el Cisen", dijo Encinas en su momento.

Esa junta de autoridades también fue mencionada en un cuestionario que respondió Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, desde Israel, y en el que señaló al expresidente Enrique Peña Nieto de participar en ellas.

En septiembre de 2023, el presidente aseguró que no había elementos que permitieran identificar que los jóvenes estuvieran con vida.

“También tenemos que decirlo con toda claridad que no hay indicios que nos permitan suponer que los estudiantes se encuentran con vida y que por el contrario todas las declaraciones, testimonios y evidencias indican que fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, afirmó al presentar el segundo informe de la Comisión.

A pesar de ello, hasta ahora sólo han sido identificados los restos de tres estudiantes normalistas: Alexander Mora Venancio, Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz.

El abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, sostiene que hubo avances pero a partir de 2022 cuando la investigación tocó al Ejército, hubo un declive y hoy se encuentra en un bache.

''Hay una desesperanza, una molestia, en virtud de que no se cumplió lo que el presidente ofreció en un principio'', dijo Rosales a días de que se cumplan 10 años del ataque en Iguala, Guerrero.

Desde el gobierno federal, los avances que se destacan son: aumento de 59 a 120 personas el número de encarcelados, tres órdenes de aprehensión por ejecutar en contra de militares, exploración de 858 sitios en busca de los estudiantes, así como ofrecer recompensas a quienes aporten información relevante.

Apenas hace uno días, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado informó del arranque de una campaña masiva de difusión con espectaculares para intentar dar con el paradero de los 43 normalistas, 10 años después de su desaparición.