LA VIOLENCIA CONTRA EL PERIODISMO AUMENTÓ EN EL SEXENIO DE AMLO

A pesar de ser reconocido como un gobierno que llegó a cambiar el régimen, el de Andrés Manuel López Obrador “no fue capaz de revertir” algunos resabios del autoritarismo, como “la violencia contra la prensa, la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial y la falta de garantías para el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad”, sostiene la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19.

En el más reciente reporte, a unos meses de que concluya el gobierno de López Obrador, “Derechos pendientes. Informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información en México”, la organización con sede en Londres, Inglaterra, hace una exhaustiva revisión en materia de transparencia y acceso a la información para comunidades indígenas; derecho a la verdad, violencia contra la prensa, derechos digitales y el funcionamiento de las instituciones del Estado mexicano responsables de garantizar los derechos humanos.

Para Artículo 19, “la amenaza, el hostigamiento, la violencia y la impunidad ya no son prácticas heredadas del pasado, sino una realidad lacerante del gobierno que termina”, de manera que en el sexenio de López Obrador “los compromisos respecto a la lucha contra la impunidad y la reducción de la violencia son promesas incumplidas”.

La organización contabilizó 3 mil 408 agresiones contra la prensa durante la administración de López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2024, es decir, “un promedio de una agresión cada 14 horas a lo largo del sexenio, e incluye los asesinatos de al menos 46 periodistas y la desaparición de cuatro”.

En su informe, Artículo 19 destaca que si el gobierno de Enrique Peña Nieto, “legó al país un panorama desolador”, con un balance de 2 mil 502 agresiones a la prensa, 47 periodistas asesinados y cuatro desaparecidos, lo que se advierte al concluir la actual administración es que “la violencia no pudo detenerse, por el contrario, hubo un incremento porcentual de 62.13% en las agresiones contra la prensa”.

De las 18 categorías en las que Artículo 19 clasifica las agresiones a la prensa, tres tipos acumulan 58.1% del total, siendo éstas, primero, la intimidación y el hostigamiento, con 880 casos, que representan 25.82% de los registros, y dentro de ésta la subcategoría “campañas de desprestigio”, que alcanzó los 248 casos; segundo, amenazas, con 632, es decir 20.01% del total, dentro de la que aparecen 284 como “amenazas de muerte”; y tercero, uso ilegítimo del poder público, con 432, el equivalente a 12.68%. A esas agresiones le siguen 342 casos de bloqueo o alteración del contenido (10.04%), 295 ataques físicos (8.66%) y 164 de privación de la libertad (4.81%).

Como sello distintivo del gobierno que concluye, en materia del uso ilegítimo del poder, resalta “la agresión mediante la comunicación oficial”, con 224 casos, que representan 6.57% del total, siendo “una constante que se ha adoptado como algo ‘común’, lo que ha traído consigo una normalización de la violencia”, agudizada cuando “los ataques ocurren de forma constante y cotidiana, y provienen en principio de la tribuna presidencial, pero los repiten todos los niveles de gobierno”.

En cuanto a los perpetradores, el informe sexenal resalta que se mantiene la dinámica de gobiernos anteriores, de que son funcionarios públicos, conservando el primer lugar, con mil 559 agresiones, que equivalen a 45.75% del total. Por tipo de autoridad, en mil 077 casos, los perpetradores fueron personas funcionarias públicas civiles; en 432, integrantes de fuerzas de seguridad civiles y 45, elementos de fuerzas armadas.

Le siguen como agresores a individuos o empresas, con 673 casos; integrantes de la delincuencia organizada, con 280 registros; partidos políticos, con 148 casos documentados; en tanto que, en 748, Artículo 19 “pudo certificar una agresión contra un integrante del gremio periodístico, pero no fue posible corroborar con certeza quién fue el perpetrador”.

La organización alerta que “si bien el crimen organizado tiene porcentajes de agresión más bajos en comparación con las autoridades, es imprescindible reconocer alianzas entre distintos grupos de poder legal e ilegal para ejercer violencias de manera directa contra las personas periodistas”, lo cual se pudo identificar en los estados de Sinaloa y Yucatán, “donde es claro lo sutil que puede ser la línea para identificar a quienes agreden a la prensa y cómo se entrecruzan los poderes políticos e institucionales con los poderes fácticos”.

En la clasificación de las coberturas de los periodistas agredidos, Artículo 19 alerta de que en este sexenio continuó la tendencia de que quienes cubren corrupción y política son los más violentados, con mil 703 casos, al igual que quienes dan seguimiento a seguridad o nota roja, con 776 agresiones.

Las siguientes fuentes violentadas fueron derechos humanos, con 379 ataques; protestas y movimientos sociales con 363; sector privado, 117 agresiones, así como tierra y territorio con 70 periodistas violentados.

Las cinco entidades más violentadas identificadas por Artículo 19 desde diciembre de 2018 a la fecha, y que acumulan 44.16 % de las agresiones, son Ciudad de México, con 582 registros; Guerrero, 247 agresiones; Puebla, con 241; Quintana Roo, 236 agresiones, y Veracruz con 199 periodistas agredidos.

El documento hace una revisión profunda de las características de las agresiones en cada una de esas entidades, destacando que, en el caso de la Ciudad de México, considerada por Artículo 19 como “el epicentro de las agresiones contra la prensa”, de las 582 agresiones ocurridas, 179, es decir, 30.76%, “sucedieron durante las conferencias matutinas” del presidente López Obrador, prevaleciendo una “estrategia de desinformación y estigmatización contra aquellos medios de comunicación críticos”, catalogados por el mandatario como “adversarios”, “vendidos” o “conservadores”, considerando “ataque” contra el gobierno “cualquier labor de escrutinio público”.

De Guerrero, cuyo apartado se titula “Entre la ausencia del Estado y la gobernanza criminal”, el documento resalta que, de 247 agresiones, 87 casos son atribuidos a autoridades y 68 a grupos del crimen organizado, siendo “la entidad federativa con más agresiones de la delincuencia organizada”.

El informe incluye la explicación de la periodista Natividad Ambrocio Cuevas, directora de Hora Cero: “El crimen organizado está más inmerso ahora en las decisiones del poder, en las decisiones de gobierno, porque ahora ellos son los que gobiernan”.

En el caso de Puebla, donde 37.34% de las agresiones contra la prensa fueron contra mujeres periodistas, el análisis indica que entre las razones que explican la violencia contra la prensa es “por la presencia de grupos de delincuencia organizada y el robo de hidrocarburos”, y que, “con Miguel Barbosa como gobernador, se incrementaron las agresiones y las campañas de desprestigio”, según la opinión de Samantha Páez, de la Red de Periodistas de Puebla, incluida en el informe sexenal, en el apartado “Puebla: violencia al alza”.

En el caso de Quintana Roo, apartado titulado “La prensa, entre la espada y la pared”, Artículo 19 destaca que de 2017 a la fecha “las agresiones a la prensa se incrementaron 500%”, siendo los principales tipos intimidación el hostigamiento y amenazas, en que los principales señalados son autoridades municipales y estatales, seguidos del crimen organizado y particulares, situación que evidencia “el horror que se vive en la entidad debido a los grupos de poder fáctico que agreden a la prensa casi con la misma regularidad que las fuerzas de seguridad encargadas de protegerla”.

De Veracruz, apartado titulado “La prensa frente a la impunidad”, el informe destaca que durante la actual administración cinco de los asesinatos y una desaparición de periodistas ocurrieron en esa entidad, donde “prevalece la permisibilidad para agredir a la prensa”, siendo las coberturas “de alto riesgo no sólo cuando se documentan temas de nota roja, sino también de gobierno”, a decir del fotógrafo independiente Félix Márquez.