LA TRAGEDIA DE CIUDAD JUÁREZ EXHIBE DESCOORDINACIÓN GUBERNAMENTAL Y AMBICIONES POLÍTICAS

Ante el incendio del centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, en el que fallecieron al menos 38 personas, marcando una de las peores tragedias en materia migratoria de la historia reciente del país, imperó una pésima coordinación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde se impusieron las ambiciones personales de dos aspirantes a la sucesión presidencial.

Ayer, a medida que crecía la indignación por lo sucedido en la ciudad fronteriza, el presidente López Obrador responsabilizó a los migrantes reclusos por iniciar el incendio; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, protagonizó una entrevista con Joaquín López Dóriga en la que se destapó como candidato a la Presidencia y declaró que la política migratoria incumbe al canciller Marcelo Ebrard Casaubón; y éste, quien hacía proselitismo en Nuevo León, aseveró que los “responsables directos” habían sido presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR), dato que ninguna dependencia de gobierno --ni siquiera la Cancillería-- pudo explicar.

A esta cacofonía se sumaron los tres boletines que publicó el Instituto Nacional de Migración (INM) durante el día, en los cuales indicaba, en un primer momento, que 39 personas habían fallecido en el incendio; posteriormente, informó que eran 40, y finalmente redujo la cifra a 38.

La institución, dirigida por Francisco Garduño Yáñez –otrora responsable de las cárceles federales-- no se pronunció sobre el video que muestra cómo los custodios del INM abandonaron a los reclusos encerrados en sus celdas mientras se propagaba el fuego. El Instituto se limitó a prometer que cubrirá los gastos funerarios y que entregará tarjetas de visitantes temporales por razones humanitarias a las personas que sobrevivieron al incendio, mismas que pretendía deportar el día anterior.

Desde temprana hora, el presidente López Obrador desató reacciones molestas de las organizaciones defensoras de derechos humanos cuando aseveró, en su conferencia matutina, que el incendio “tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron que iban a ser deportados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue, y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia”.

Acto seguido, las organizaciones y los activistas recalcaron que las personas se encontraban bajo la custodia del INM, y por ende del gobierno mexicano, por lo que éste era responsable de su integridad física. Aparte, recordaron que existe un sinnúmero de informes y evidencias sobre las pésimas condiciones de detención de los migrantes en los centros del INM, y criticaron al mandatario por referirse al recinto como “albergue”, pues se trata de un centro de privación de la libertad.

Garduño viajó a Ciudad Juárez, donde recorrió hospitales y anunció que el INM colaboraría con la FGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para esclarecer los hechos. Sin embargo, ni la dependencia ni su titular comentaron el video que empezó a circular en la tarde, en el cual se aprecia cómo los custodios salen, sin prisa aparente, del centro de detención, dejando a su suerte a los detenidos.