LA MIGRACIÓN EN MÉXICO LA CONTROLA EL NARCO

El primer lugar donde duermen muchos de los migrantes que entran a México cruzando el río Suchiate desde Guatemala es un gran cuarto enrejado en una finca. Lo llaman “el gallinero” o “la gallera” y ahí permanecen secuestrados hasta que pagan el derecho de paso a un cártel.

Cuando lo hacen, son marcados en el brazo con un sello que les permitirá adentrarse en México.

La llegada de migrantes a la frontera de Estados Unidos se ha reducido a niveles no registrados desde agosto de 2020 —en plena pandemia—, pero en vísperas de unas elecciones donde la inmigración es uno de los grandes temas de campaña, los extranjeros siguen entrando en México.

La administración de Joe Biden asegura que esas cifras son fruto de la expansión de vías legales para migrar y de los esfuerzos de su contraparte mexicana por contener el flujo de extranjeros, pero quien controla la frontera sur mexicana no es el puñado de agentes federales o Guardias Nacionales apostados en el río, sino los cárteles.

Muchos migrantes pagan al menos 100 dólares por cabeza para librarse del secuestro con el que se encuentran nada más pisar territorio mexicano. De enero a agosto de este año, los extranjeros interceptados por el Instituto Nacional de Migración (INM) en esta zona superaron los 150.000. Y eso solo es la parte visible de las llegadas.

Seis familias de distintas nacionalidades que pasaron por este tipo de secuestros contaron a The Associated Press cómo opera la delincuencia en estas tierras. Un funcionario federal confirmó el ‘modus operandi’. Todos pidieron el anonimato por miedo a represalias.

Los agentes de inmigración mexicanos interceptaron de enero a agosto a 925.000 migrantes en situación irregular en todo el país, una cifra muy superior al total anual del año pasado y el triple del registrado en 2021. Sin embargo, sólo han deportado a 16.500, una fracción de años previos.

El río Suchiate, el punto por donde hace seis años miles de migrantes cruzaron en enormes caravanas —algunas de las cuales llegaron hasta el límite con Estados Unidos—, era uno de los pocos sitios de esta frontera porosa y mayoritariamente trazada en la selva por donde los extranjeros podrían cruzar irregularmente sin necesidad de un traficante.

Ahora, la situación es otra. Los cárteles operan en ambas orillas.

“Son ellos los que dicen quién pasa y quién no pasa”, asegura el padre Heyman Vázquez, párroco en Ciudad Hidalgo, la localidad junto al río. “Son cantidades grandes de migrantes que se llevan todos los días y lo hacen a la vista de todas las autoridades”.

La violencia —asesinatos, desapariciones, intimidaciones, desplazamiento de civiles— no ha dejado de crecer en Chiapas desde hace dos años cuando el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación convirtieron ese estado en un escenario más de su guerra para controlar todos los tráficos ilegales en México. El de migrantes, dicen los expertos, es el más lucrativo.

Las organizaciones civiles se sienten cada vez más intimidadas. Este mes fue asesinado un respetado sacerdote y defensor de derechos humanos que denunció la impunidad con la que operaba la delincuencia.

En ocasiones impiden hasta que los migrantes puedan recibir ayuda humanitaria. “Esto nunca había pasado”, denuncia Vidal Olascoaga.

La administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) minimizó el problema. La nueva presidenta dice estar atendiendo la situación junto al gobierno de Chiapas pero mantiene la mismas políticas de su mentor de no enfrentar a los cárteles y trasladar a los migrantes del norte hacia el sur para desgastarlos, mantenerlos lejos de la frontera estadounidense y agotar sus recursos. Otras veces solo les traslada a diferentes ciudades donde, según las ONG, son abandonados y expuestos a más secuestros y extorsiones.

El ayuntamiento de Ciudad Hidalgo asegura que los cuida. “Nunca hemos tenido una situación que representa una violencia en contra de nuestros hermanos migrantes, nunca, aquí en nuestro municipio, no”, afirmó a AP Elmer Vázquez, su alcalde. Al ser preguntado por la casa de seguridad detectada por el ejército en septiembre dijo no saber de qué se trataba.

El padre Heyman Vázquez —sin parentesco con el alcalde— que lleva dos décadas defendiendo migrantes, asegura no haber visto un momento peor.

“Es una violencia terrible”, denunció. "El Ministerio Público no va a hacer nada; lo denuncias con la Guardia Nacional, no va a hacer nada; la Fiscalía de Delitos contra Migrantes no hace nada. Están coludidos con la delincuencia organizada y claro, ellos aparentan que están trabajando”.