LA DEMOCRACIA DE MÉXICO ENTRE LAS BALAS

La democracia en México está en riesgo. Entre 2023 y 2024 al menos 30 candidatas y candidatos a alguno de los 20 mil 286 cargos de elección popular que se jugarán en la jornada electoral del 2 de junio murieron asesinados y aún falta poco más de un mes para el día de la elección.

En este contexto, diversos organismos han contabilizado el número de agresiones reportadas a nivel nacional en el proceso electoral en curso y han dado a conocer el impacto que este tipo de violencia, conocida como violencia electoral, violencia política o violencia política-criminal, tiene en la ciudadanía para elegir libremente a quienes les representan.

Aunque cada uno de los informes que organizaciones como Causa en Común, Data Cívica o Laboratorio Electoral han presentado tienen distinta metodología, los resultados de cada proyecto revelan un diagnóstico similar en cuanto a la vulnerabilidad de la democracia mexicana actualmente.

“El hecho de que, a través de la violencia, se busque alterar los resultados de la elección sacando a candidatos de la contienda o intimidando o coaccionando a los votantes para que no puedan ejercer su voto cambia muchísimo el juego político; es decir, en términos teóricos, la soberanía popular no se está ejerciendo del todo a través de estas prácticas”, explica a Reporte Índigo, Fernando Escobar Ayala, investigador de Causa en Común.

De acuerdo con los datos de Causa en Común, que se basa en los reportes realizados por medios de comunicación, en lo que va del proceso electoral 2023-2024, grupos criminales han asesinado a 37 actores políticos. El caso más reciente es el de Julián Bautista Gómez, aspirante por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para reelegirse por la alcaldía de Amatenango del Valle, Chiapas, quien murió a causa de un ataque armado el 9 de abril pasado.

“Entendemos por actores políticos a dos grandes categorías, por un lado, a quienes aspiran a un puesto de elección popular en estas elecciones y, por otro lado, a los funcionarios, dirigentes o colaboradores partidistas que se encuentran activos. Esta es la población que nosotros argumentamos es, hoy en día, el blanco de la violencia electoral”, afirma Escobar Ayala.

En este sentido, detalla que por violencia electoral se entiende al uso de la fuerza física, la intimidación, coacción u otras formas de violencia encaminadas a influir en el ejercicio democrático, ya sea para impedir que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto libremente o, bien, para manipular los resultados de la elección.

Por lo anterior, el especialista califica al proceso electoral en desarrollo como excesivamente violento al señalar que es posible que en 2024 se rebase el número de homicidios ocurridos en las elecciones intermedias de 2021.

“Es la elección más grande en la historia del país, directamente todos los juegos de poder que se están llevando a cabo y las transiciones y cambios en los puestos de elección popular que se van a dar es un incentivo muy grande para que interfieran diferentes intereses criminales”, precisa