LA 4T PREFIERE SUS PROGRAMAS SOCIALES QUE LA SEGURIDAD

En un contexto de bajo crecimiento económico y fuertes presiones sobre las finanzas públicas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por sacrificar el gasto en salud, seguridad e inversión para mantener los programas sociales que más réditos políticos y electorales le han dado a los gobiernos de la 4T: las pensiones para adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad.

De acuerdo con el estudio “Las finanzas públicas de 2025: balance del primer año del sexenio” de México Evalúa, ese año el gobierno mexicano destinó el 9.9% de sus ingresos tributarios únicamente al pago de pensiones asistenciales, casi el triple del porcentaje de 2019.

Y esto ocurrió en un año en el que la economía mexicana registró un crecimiento marginal (apenas 0.8%), mientras que las transferencias a Pemex llegaron a un monto histórico (156 mil millones de pesos) y el déficit fiscal cerró en 4.8% del Producto Interno Bruto (PIB), un punto arriba de la meta.

El mayor déficit observado en 2025 no sólo incrementó las necesidades de financiamiento del gasto público, sino que elevó el costo de la deuda acumulada, ya que el pago de intereses y el servicio de la deuda pública llegó a 1.31 billones de pesos, 9.8% más que en 2024 y el monto más alto registrado desde 1993. Por cada peso cobrado en impuestos, se dedicaron 24 centavos a ese rubro.

El trabajo de México Evalúa indica que todo esto hizo que al gobierno de Sheinbaum le resultara “inevitable” hacer un ajuste presupuestal, y éste se resintió especialmente en la inversión pública, que sufrió una drástica caída del 28.4% en 2025 con relación al año previo y se ubicó en su nivel más bajo en casi dos décadas.

El gasto en salud también retrocedió un 2.3% en 2025, equivalentes a 22 mil millones de pesos, mientras que el gasto en Estado de derecho –que comprende las partidas presupuestales de seguridad nacional, asuntos de orden público, justicia y el 20% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios– se contrajo 1.4% a pesar de la crisis de inseguridad que vive México.

El estudio incluso señala que, en perspectiva histórica, el presupuesto en Estado de derecho se ubica 9% por debajo del máximo registrado en 2016, año en que se destinaron 426 mil millones de pesos, equivalentes al 1.32% del PIB.

En 2025, el gobierno desembolsó dos mil 908 pesos por habitante a los rubros de Estado de derecho, frente a los dos mil 973 pesos de 2024. En comparación con 2016, la disminución fue de 538 pesos per cápita.

En términos internacionales, agrega el trabajo, el gasto por habitante en seguridad y justicia de 2025 fue menor en 486 pesos que el promedio per cápita de los países de América Latina y el Caribe, que ronda los 198 dólares anuales.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomienda que al menos 2% del gasto programable se destine al Poder Judicial, pero en México la proporción es apenas de 1.1%, “lo que evidencia una subinversión estructural”, indica el estudio “Las finanzas públicas de 2025: balance del primer año del sexenio”.

Esto ocurre cuando el país viene de un sexenio, el de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), que no sólo fue el de más homicidios en la historia moderna de México, sino también el de mayor incidencia de delitos asociados a la violencia letal, los cuales aumentaron en 15.3%, según otra investigación de México Evalúa.(Nota Internet)