GOBERNADORES, ALMIRANTES Y DEMÁS FORMAN LAS REDES DE HUACHICOL

Más allá de la perforación de ductos y el robo de combustible mediante pipas de Pemex, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene como uno de sus principales objetivos el combate al huachicol fiscal , una modalidad delictiva que opera a través de complejas redes marítimas y terrestres en las que participan empresarios, políticos y servidores públicos.

Aunque el término huachicol fiscal comenzó a cobrar relevancia desde alrededor de 2010, esta práctica adquirió mayor notoriedad durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y se convirtió en uno de los focos de atención de la administración de Claudia Sheinbaum desde sus primeros meses.

A diferencia del robo de combustible directamente de ductos o del saqueo de pipas de Pemex, el huachicol fiscal opera mediante el contrabando de combustibles importados, que ingresan al país bajo declaraciones falsas o clasificaciones distintas para evadir total o parcialmente el pago de impuestos.

De acuerdo con una estimación de la entonces Procuraduría Fiscal de la Federación, difundida en octubre de 2025, esta práctica —que consiste, entre otros mecanismos, en registrar combustibles como mercancías con una menor carga tributaria— habría provocado un daño al erario superior a 600,000 millones de pesos.

Uno de los casos que puso bajo los reflectores esta modalidad fue el del Challenge Procyon, un buquetanque con bandera de Singapur que zarpó de Texas el 16 de marzo con rumbo a Tamaulipas.

A su llegada a un puerto mexicano, la embarcación presentó documentación que señalaba que transportaba aditivos para aceites lubricantes. Sin embargo, durante la inspección, las autoridades detectaron que en realidad llevaba cerca de 21 millones de litros de diésel.

El aseguramiento abrió una investigación que escaló rápidamente y que podría convertirse en uno de los casos de corrupción más relevantes del sexenio, debido a que las indagatorias alcanzaron a integrantes de una de las instituciones con mayor respaldo y confianza entre la población: la Secretaría de Marina.

El aseguramiento del Challenge Procyon se convirtió en una pieza clave para seguir el rastro de una presunta red de corrupción vinculada con el huachicol fiscal. A partir de ese caso, las investigaciones comenzaron a alcanzar a empresarios y funcionarios relacionados con las aduanas, así como a integrantes de la Secretaría de Marina.

Entre los nombres señalados en las indagatorias aparecen los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante, y Fernando Farías Laguna, contralmirante, ambos sobrinos de Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de Marina durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. (Nota Internet)