FMEDICAL, EL NEGOCIO DE LAS CLÍNICAS MÓVILES QUE INVOLUCRA A CERCANOS DE MARA LEZAMA Y ADÁN AUGUSTO

Una investigación pone bajo la lupa a FMedical, empresa dedicada a la prestación de servicios médicos mediante unidades móviles, debido a los contratos millonarios que ha obtenido de distintos gobiernos, particularmente del estado de Quintana Roo, encabezado por la gobernadora Mara Lezama.

De acuerdo con el reportaje, FMedical está vinculada empresarialmente con Fernando Padilla Farfán, a quien la investigación identifica como una persona cercana al senador Adán Augusto López Hernández. La empresa ha conseguido contratos públicos para proporcionar servicios médicos itinerantes, principalmente mediante clínicas móviles equipadas para realizar estudios y diagnósticos.

El caso que más destaca es el de Quintana Roo. Según la investigación de Proceso, durante la administración de Mara Lezama se han destinado más de mil 200 millones de pesos al arrendamiento de clínicas móviles y servicios relacionados con atención médica. Una parte importante de esos recursos ha terminado en empresas relacionadas con Padilla Farfán.

Entre los contratos señalados se encuentra uno otorgado a FMedical por 417.6 millones de pesos, correspondiente al servicio integral itinerante para detección, atención y diagnóstico de enfermedades. Posteriormente, la empresa obtuvo otro contrato por 104.4 millones de pesos, según los documentos y antecedentes citados en las investigaciones periodísticas.

La información cobra relevancia porque FMedical no solamente ha trabajado para Quintana Roo. Sus servicios también han sido contratados por otros gobiernos estatales y municipales. Investigaciones anteriores han documentado contratos de la empresa y de otras compañías relacionadas con Padilla Farfán en entidades como Chiapas, Baja California, Jalisco, Chihuahua y Querétaro.

En el caso de Quintana Roo, el modelo consiste en utilizar unidades médicas móviles para acercar servicios de diagnóstico a comunidades que, en teoría, tienen dificultades para acceder a este tipo de atención. Las unidades pueden ofrecer servicios como mastografías, ultrasonidos, estudios de laboratorio y otros procedimientos médicos.

El cuestionamiento central de las investigaciones no es la existencia de las clínicas móviles como mecanismo de atención, sino el monto de los contratos, las empresas beneficiadas y las relaciones políticas de algunos de sus propietarios y operadores.

Proceso señala además que el gasto destinado a este esquema resulta particularmente llamativo al compararlo con la inversión realizada en infraestructura hospitalaria en Quintana Roo. El reportaje contrasta los recursos destinados a las unidades móviles con el presupuesto previsto para la construcción y equipamiento del nuevo Hospital General de Chetumal.

Los antecedentes de FMedical también se remontan a otras administraciones. Una investigación de Emeequis documentó que empresas relacionadas con Fernando Padilla Farfán han obtenido contratos por cientos de millones de pesos tanto de gobiernos encabezados por Morena como de administraciones de otros partidos. Entre los contratos mencionados se encuentran servicios médicos, infraestructura y unidades móviles.

En 2020, durante la pandemia de COVID-19, otra empresa relacionada con Padilla Farfán, Línea Médica del Sur, obtuvo en Tabasco contratos que en conjunto alcanzaron los 100 millones de pesos para instalar unidades de hospitalización temprana destinadas a pacientes con COVID-19.

La trayectoria empresarial también incluye contratos en Quintana Roo durante el gobierno de Mara Lezama. De acuerdo con la investigación de Emeequis, además del contrato de 417.6 millones de pesos para FMedical, existen otros contratos relacionados con unidades móviles de atención médica.

El tema vuelve a colocar bajo escrutinio la forma en que algunos gobiernos contratan servicios médicos externos y, particularmente, si existe suficiente transparencia sobre los procesos de contratación, los servicios efectivamente prestados y los resultados obtenidos.

Hasta ahora, los contratos y vínculos empresariales documentados no significan por sí mismos que exista un delito o que los funcionarios involucrados hayan cometido actos de corrupción. Se trata de señalamientos e investigaciones periodísticas que ponen en duda determinadas operaciones y que, para convertirse en responsabilidades legales, tendrían que ser acreditadas por las autoridades competentes.

El caso de FMedical, sin embargo, abre nuevamente el debate sobre el uso de recursos públicos destinados a la salud y sobre la necesidad de transparentar cuánto se paga por estos servicios, qué empresas los reciben, bajo qué procedimientos son contratadas y cuántas personas son realmente atendidas.

La investigación de Proceso, publicada este 11 de agosto, coloca así a FMedical en el centro de un entramado de contratos públicos y relaciones políticas que involucra a Quintana Roo, Mara Lezama, Fernando Padilla Farfán y el entorno político de Adán Augusto López.