EXSECRETARIO DE PUEBLA HACE DENUNCIA SOBRE BARBOSA POR QUERER ENCARCELARLO CON DELITOS FABRICADOS

Abelardo Cuéllar Delgado, quien hasta el 13 de enero de este año se desempeñó como Secretario de Trabajo del Estado, advirtió que el gobierno de Miguel Barbosa Huerta pretende encarcelarlo al acusarlo de delitos que son fabricados.

En un desplegado que publicó este lunes, el militante de Morena hizo un llamado a la mesura, la prudencia y la rectificación del gobierno barbosista, al tiempo que pidió a la ciudadanía poblana que conoce su “trayectoria profesional y fama pública” que se mantenga vigilante de que no se vulneren sus derechos humanos, ni se cometan atropellos en su contra o de su familia.

“Al ignorar los verdaderos fines de esta persecución política en mi contra, tengo el temor fundado de que en este clima de hostigamiento se pretenda privarme de mi libertad, y temo por mi familia, esposa e hijos”, advirtió el exfuncionario quien pide al gobierno “rectificar” en su intención de “criminalizar” su función como servidor público.

En el escrito publicado en el periódico La Jornada de Oriente, el abogado laborista se refirió a las declaraciones que hizo el gobernador Barbosa Huerta en su conferencia mañanera del 18 de mayo en la cual acusó a Cuéllar de tener responsabilidad en pagos que ha tenido que hacer su gobierno de laudos perdidos por demandas de trabajadores despedidos en los pasados sexenios.

“…había un descuido de parte del gobierno, porque así han sido los gobiernos de Puebla, donde sus áreas jurídicas están llenas de abogados incompetentes, todos los juicios pierden, y muchos de esos juicios se coluden con los abogados, y el caso de ICATEP (Instituto de Capacitación del Empleo) fue un caso muy fuerte, muy, muy, fuerte, en el que tiene responsabilidad el anterior secretario de Trabajo, sí, sí la tiene, y lo digo claramente”, declaró el mandatario.

En otra parte, Barbosa afirma que los jurídicos del gobierno estatal se coludían con los abogados del trabajador y pedían dinero; “y los secretarios se ponían muy nerviosos y pagaban”.

Cuéllar, quien es uno de los fundadores de Morena, indicó que a partir de esta declaración se lanzó una campaña de medios digitales de comunicación y prensa escrita, “preparando el escenario para “justificar” ante la ciudadanía denuncias penales por delitos “falsos o fabricados” que pueden llevar a la privación de su libertad.

Dijo tener conocimiento que el 1 de junio, por órdenes del Consejero Jurídico del gobierno, Carlos Palafox Galeana y del actual secretario de Trabajo, Gabriel Biestro, fueron “llevados” ante la Fiscalía General del Estado directores, subdirectores y jefes de departamento de esa dependencia para ratificar una denuncia penal en su contra con la intención de afectar su “trayectoria personal y profesional”.

El exfuncionario recuerda que antes de su nombramiento en el gabinete de Barbosa Huerta, era de conocimiento público que su despacho asesoró a un “numeroso grupo” de burócratas que fueron despedidos “injustamente” por los gobiernos morenovallistas.

“A sabiendas de ello, desde el inicio del nuevo gobierno fui llamado por el gobernador a ocupar la Secretaría de Trabajo. ¿Con qué intención? ¿Neutralizar mi función social como abogado? ¿Hacerme secretario de estado para no pagar esos laudos? ¿o para entrar en contubernio como él dice?”, refiere.

Agregó que en los casos de despido llevados a juicio desde hace más de ocho años, fueron los tribunales federales los que emitieron la condena de reinstalar y pagar salarios caídos a los trabajadores.

Y que en el caso de los abogados que han defendido o actuado a nombre de la administración estatal en esos juicios, fueron designados por la Consejería Jurídica, área que depende directamente del gobernador y no de la Secretaría del Trabajo.

"¿Qué sentido tiene arrojarme una presunta 'esponsabilidad', con insinuaciones perversas?… ¿Dónde está mi responsabilidad como secretario de Trabajo en todo ello?”, reclamó.

Además, reveló que, en una postura “absolutamente impropia de un gobierno que dice tener una nueva orientación política”, la administración barbosista ha citado a los trabajadores despedidos a reuniones en las que les intenta obligar a aceptar pagos de indemnización inferiores a los determinados por los tribunales, con la amenaza de alargar los juicios si no aceptan esas condiciones.