ESTE 8 DE MARZO FEMINISTAS BUSCARÁN EXTENDER EL PLAZO PARA EL ABORTO

Luna, quien pidió omitir su nombre real por seguridad, tenía 18 semanas de embarazo cuando tomó la decisión de abandonar la relación abusiva en la que estaba y abortar. Ella vivía en Guadalajara, Jalisco, cuando el procedimiento médico ni siquiera estaba despenalizado en la entidad.

No contaba con los medios ni los recursos para criarlo por sí misma, además de ser ya madre de un niño de 6 años.

Luna, como decenas de mujeres y personas gestantes en México, experimentan la necesidad de abortar por complicaciones económicas, de situaciones de violencia, o falta de recursos, pero la limitación de 12 semanas para interrumpir sus embarazos les ha quedado corta ante sus circunstancias.

“En un inicio yo sí quería, pero lo que me hizo tomar esta decisión fue que me empecé a dar cuenta que realmente yo no quería esta vida”, comparte Luna en entrevista. “Estaba yo viviendo un tema económicamente vulnerable, en la relación empezó a haber violencia física y la psicológica ya la traíamos de muchos meses atrás”.

En México, 22 de las 32 entidades federativas han despenalizado el aborto, ya sea por vía legislativa o judicial. La mayoría de ellas permiten la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, un hecho que ha sido criticado por organizaciones y personas que han abortado debido a los obstáculos que pueden impedir que el procedimiento se realice a tiempo.

“Por ejemplo, falta de recursos económicos, o de redes de apoyo, y también una preocupación que ha surgido mucho y que es principal después de las 12 semanas es la desinformación de cómo se concibe el aborto después de este periodo”, dice Brenda Gutiérrez, coordinadora de Fondo MARIA, organización que apoya a mujeres y personas gestantes en procesos de aborto.

“Las personas que van llegando con más semanas de gestación, muchas veces es porque tienen alguna situación específica que las pone en un lugar más vulnerable. Puede ser una cuestión de violencia, en la que es mucho más complicado, por ejemplo, marcar a la línea telefónica o buscar la información porque hay una vigilancia, o si hay violencia es menos el tiempo o los recursos que tienes para gestionar tu aborto, pero también pueden ser cuestiones de mucha vulnerabilidad económica”.

Estas también incluyen a mujeres y personas gestantes que han vivido violencia sexual y tuvieron que navegar un “laberinto” burocrático para poder acceder a la interrupción del embarazo por la norma mexicana NOM-046-SSA2-2005, la cual marca los criterios de atención médica en instituciones de salud federales en casos de violencia sexual.

En países como Colombia, por ejemplo, el aborto está permitido hasta las 24 semanas de gestación, y en Canadá el procedimiento médico se puede realizar en cualquier momento del embarazo sin alguna repercusión penal.