ESPECIALISTAS ADVIERTEN IMPACTO ECONÓMICO DE LA REFORMA JUDICIAL AUNQUE MORENA DIGA QUE NO ES CIERTO

La reforma al Poder Judicial de la Federación propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte del llamado “Plan C” sí tendría impactos presupuestarios y en la economía de México que ni la iniciativa ni los dictámenes los han considerado, advierten calificadoras, institutos, organizaciones y especialistas.

Entre los impactos presupuestarios directos estarían el costo de organizar una elección por voto popular de ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces y sus campañas, y el de garantizar prestaciones laborales a trabajadores del Poder Judicial, al extinguir sus fideicomisos.

Mientras que la reforma también tendría efectos en la economía mexicana, según especialistas, por ejemplo en la Inversión Extranjera Directa (IED), el crecimiento y hasta en posibles multas por el incumplimiento de tratados, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Incluso ya han existido impactos económicos visibles. El peso mexicano se depreció frente al dólar estadounidense hasta un 10% tras las elecciones del 2 de junio, aunque ya se ha estabilizado, de acuerdo con la agencia calificadora Fitch Ratings.

Además de López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum e Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, han negado el riesgo presupuestal y económico.

“Nos parece que este ha sido uno de los temas más olvidados en la discusión que se tuvo en los diálogos que antecedieron en las últimas semanas. Tanto el impacto que esta reforma va a tener en las finanzas públicas, así como el impacto en el tema económico”, mencionó Mariana Campos, directora general de México Evalúa, en la conferencia de prensa Impacto económico, desafíos y recomendaciones de la reforma judicial.

Si bien los dictámenes y sus impulsores aseguran que no habría afectación a los derechos de las y los trabajadores y personas juzgadoras del PJF, la reforma no garantiza la estabilidad laboral de quienes resulten electos y tampoco la cobertura de derechos laborales de quienes actualmente trabajan ahí y cuyas plazas serían rescindidas.

La reforma al PJF no detalla el costo que tendrá en el presupuesto público la organización de las elecciones por voto popular para elegir a más de mil 600 ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces, más allá de señalar que se usarían los recursos de los 14 fondos y fideicomisos del PJF (aunque también se aprobó que estos fondos serían para pensiones del Bienestar).

Pero al no haber recursos de los 14 fondos y fideicomisos del PJF porque se utilizarán para la implementación de la reforma, tendría que asignarse dinero adicional del presupuesto de egresos anual.

El que no exista financiamiento para las campañas abriría la posibilidad de que las personas candidatas a elección entren en contacto con grupos de interés e incluso de financiamiento ilegal a través del crimen organizado.

Otro impacto económico de la reforma judicial es reducir los salarios de las personas juzgadoras del PJF para que no sea mayor a la establecida para el Presidente de la República.

En la iniciativa sí se establece que el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral tendrán que pagarse con recursos del presupuesto de egresos de cada año, al extinguirse los fondos y fideicomisos del PJF.

Sin embargo, la reforma rompería con la garantía de la estabilidad laboral o permanencia en el encargo por la amenaza constante que enfrentarían las personas juzgadoras de ser enjuiciadas por el Tribunal Disciplinario que sustituya al Consejo de la Judicatura Federal. Ante este órgano se podrían denunciar hechos cometidos por funcionarias y funcionarios que pudieran ser sancionables para que los investigue.