ENTRE FOSAS CLANDESTINAS, DESAPARICIONES Y CORRUPCIÓN, SE AGRAVA LA CRISIS EN MÉXICO

México enfrenta una creciente crisis por la proliferación de fosas clandestinas, mientras la información oficial sobre estos sitios presenta cada vez más inconsistencias y dificultades para ser consultada.

Un informe elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Data Cívica y Artículo 19 advierte que entre 2024 y 2025 disminuyó la calidad y disponibilidad de la información proporcionada por las fiscalías del país.

El estudio señala que ocho fiscalías estatales que habían entregado información durante 2024 dejaron de hacerlo en 2025. Además, las respuestas consideradas de buena calidad disminuyeron de 57.6 a 39.3 por ciento, mientras que las respuestas deficientes aumentaron de 27.3 a 39.3 por ciento.

Entre las entidades señaladas se encuentran Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato y Nayarit. De acuerdo con la investigación, algunas de estas entidades habían reportado hallazgos de fosas en ejercicios anteriores y posteriormente respondieron que no contaban con información o que no existían fosas clandestinas.

El problema también se refleja en las diferencias entre las cifras de las propias autoridades. Para el periodo de 2023 a 2024, las fiscalías estatales reportaron mil 451 fosas clandestinas, mientras que la Fiscalía General de la República tenía registradas solamente 94. Los datos recopilados por medios de comunicación contabilizaban mil seis.

Estas diferencias impiden establecer una cifra nacional precisa y dificultan conocer la verdadera dimensión del problema.

La investigación advierte además que la falta de información afecta directamente la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Las organizaciones señalan que contar con registros completos y actualizados es fundamental para diseñar estrategias de búsqueda, localizar restos humanos y avanzar en su identificación.

El retroceso en la transparencia también ocurre después de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuyas funciones fueron transferidas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mediante el organismo denominado Transparencia para el Pueblo.

Otro dato señalado en el informe es que Morelos acumula cuatro años consecutivos sin responder las solicitudes de información utilizadas para elaborar este diagnóstico.

Especialistas y organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que mantener información incompleta, reservada o desactualizada sobre las fosas clandestinas representa un obstáculo para las familias que buscan a sus seres queridos.

El llamado es a las autoridades para garantizar información pública completa, accesible y de calidad, ya que sin conocer con precisión dónde están las fosas, cuántas existen y qué restos han sido localizados, resulta mucho más difícil enfrentar la crisis de desapariciones que atraviesa el país.