EN RIESGO LAS ELECCIONES DE JUECES Y MAGISTRADOS POR LA FALTA DE RECURSOS

En los próximos meses, el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrentará una prueba de fuego: la elección extraordinaria para designar a los nuevos jueces y magistrados que integrarán el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Con un recorte de más de ocho mil millones de pesos proyectado para 2025, el órgano nacional electoral organizará una elección a nivel nacional a toda prisa y sin los recursos necesarios.

Esta situación ha generado preocupación en diversos sectores de la población, así como entre los comisionados del Instituto Nacional Electoral, quienes insisten en la necesidad de más recursos para este proceso. De no hacerlo, advierten sobre posibles contratiempos.

Se trata de una contienda electoral que se llevará a cabo a mediados de este año, en la cual se elegirán 882 cargos del Poder Judicial de la Federación, incluyendo plazas de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esto representa un 40 por ciento más de cargos públicos que los seleccionados por mandato popular en la elección federal anterior, según las estadísticas reveladas por el mismo INE.

Ante esta situación, todos los consejeros del INE, incluida la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, han lanzado un llamado de auxilio a la administración federal para que se asignen más recursos, debido a la magnitud de la elección que se avecina.

También se tiene proyectado que se instalen el doble de urnas en comparación con las que se utilizaron en el proceso electoral anterior, por lo que además se tendrá que adquirir mayor material para la instalación de casillas.

En algunas entidades federativas se reemplazará por completo la plantilla de impartidores de justicia. Tal es el caso de Tamaulipas, donde los habitantes de este estado elegirán a sus nuevos jueces.

Ante la negativa de Morena y del Gobierno federal de incrementar los recursos para esta elección, el INE ha sostenido que se ponen en riesgo los centros de votación en toda la República mexicana.

“Las casillas deben cumplir con las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad y se tendrá que revisar el número de personas Supervisoras y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) que se contratarán para instruir a las personas funcionarias de Mesas Directivas de Casilla”, sostuvo la consejera Dania Ravel Cuevas.

Coincidió que contar con menos recursos de los proyectados para este año tendrá impactos negativos, como la contratación de menos personal eventual, la impresión de boletas en papel de seguridad, el apoyo alimenticio para los funcionarios de casilla, entre otros aspectos fundamentales para un proceso de estas características.

Uno de los principales cuestionamientos sobre este proceso es la promoción que se realizará, pues de inicio serán cuatro diseños que se utilizarán para elegir a los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral detalló al inicio de este año que las boletas tendrán dos tamaños: carta y media carta. El tamaño carta se utilizará para las elecciones de personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mientras que el tamaño media carta será para las elecciones de personas Magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Abogados y organizaciones civiles han señalado múltiples inconsistencias en el proceso de renovación de jueces. Han detectado irregularidades en el comité evaluador, encargado de elegir a los aspirantes que competirán por una plaza en la próxima elección federal.

A ello se suman cuestionamientos de despachos jurídicos sobre los perfiles de los aspirantes para suceder a los impartidores de justicia que dejarán su vacante en los próximos meses.

Las demoras en el proceso de selección de aspirantes han causado más dudas que certezas en diversos sectores de la población. Despachos de abogados y funcionarios judiciales de todo el país han alertado que el proceso de renovación de jueces podría colapsar los circuitos judiciales.

Por ejemplo, en entidades como el Estado de México y Jalisco, los casos podrían tardar hasta dos años en resolverse debido al déficit de jueces y magistrados.

Esto podría generar una curva de aprendizaje prolongada, lo que derivaría en mayores tiempos de espera, un aumento de las prisiones preventivas oficiosas, y problemas significativos en la administración de justicia, incluyendo menor capacitación de los nuevos impartidores de justicia.

En la lista de casi 20 mil perfiles registrados para ser jueces, magistrados y ministros de la SCJN, se han detectado irregularidades notables, como nombres duplicados, registros con palabras como “Prueba” y aspirantes sin experiencia en el ámbito judicial.

El Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación comenzó a revisar los registros, pero las inconsistencias han levantado preocupaciones sobre la idoneidad de los candidatos.

En paralelo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) instruyó al Comité de Evaluación del PJF reincorporar a siete aspirantes a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la lista de elegibles.

Estos candidatos habían sido descartados inicialmente por no cumplir con los requisitos establecidos, además de errores administrativos detectados en sus registros.

Por otro lado, tras resolver 15 recursos de inconformidad, el Pleno de la SCJN confirmó que cuatro aspirantes son inelegibles, validando la decisión del Comité de Evaluación que determinó que no cumplían con las normas y requisitos para participar en el proceso.