EN OAXACA SALOMÓN JARA TIENE EL CARTEL DEL DESPOJO ASEGURAN POBLADORES

Comunidades indígenas y campesinas, así como defensores del territorio en esta entidad revelaron la operación de un nuevo “cártel del despojo” que representa intereses inmobiliarios y empresariales y que, según denuncian, opera con la complicidad de autoridades agrarias, municipales, estatales y federales, con la mira puesta en playas y zonas de protección ecológica con alta plusvalía económica o turística.

Los inconformes hacen responsable al gobernador Salomón Jara Cruz de lo que está pasando por su “omisión o por su complicidad” frente a la disposición indebida de los predios, y advierten que se está dejando el territorio al crimen organizado. “Si le abres la puerta a esa gente al rato van a controlar las inversiones, la hotelería y todos los negocios”.

La comunidad indígena chatina de Santiago Cuixtla, reconocida como núcleo agrario mediante Resolución Presidencial del 27 de marzo de 1989, ha denunciado públicamente la operación de una presunta red de despojo de tierras comunales en la zona de Playa Palmarito y en los territorios ubicados alrededor de la Laguna de Manialtepec, pertenecientes al municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca.

Otros casos son: Punta Colorada en Puerto Escondido, considerada la última playa virgen de la zona con un área natural de 111 hectáreas con humedales, manglares y rica biodiversidad.

Mientras que en la comunidad de Tilzapote, un mandato judicial les arrebató más de 300 hectáreas de terreno del núcleo agrario San Francisco Cozoaltepec, municipio de Santa María Tonameca. Los comuneros afirman que autoridades agrarias y del Poder Judicial Federal se confabularon para despojar a esta comunidad y obligar al Estado mexicano a pagar 6 mil millones de pesos.

De igual forma, con apoyo de la Policía Estatal, el pasado 29 de enero particulares entraron a la Playa Salchi, perteneciente a Cuatunalco, Pochutla, para disponer de tierras del defensor del territorio Miguel Sánchez Hernández.

Otras playas que están en riesgo por proyectos de desarrollo son Playa Brasil, Punta Chivo, Barra de la Cruz, El Coyul en San Pedro Huamelula y San Agustín, así como El Coyote.

Los defensores del territorio Ernesto Chávez Ramos, Oralia Ramírez, Hortencia Chávez y Noé López Rojas han señalado que son perseguidos judicialmente por oponerse a los intereses empresariales que pretenden apropiarse de esos lugares.

De acuerdo con documentos y denuncias ante tribunales agrarios y fiscalía, hay por lo menos 10 casos en los que se han dado cierres de accesos públicos a playas, así como la destrucción de ecosistemas por megaproyectos inmobiliarios en la región Costa-Istmo de Oaxaca, que fueron mencionados a Proceso por afectados que piden reservar su identidad ante el temor de sufrir represalias.

Existen diversos procedimientos en curso ante los tribunales agrarios, además de denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de despojo, fraude, amenazas, suplantación de autoridad y otros ilícitos relacionados, sin embargo, no hay avances en estos casos, según exponen los denunciantes.

El temor de los comuneros es uno: “Si seguimos nos van a matar".

Este nuevo “cártel del despojo” se suma a un primero identificado así en 2022 por otras víctimas —del que dio cuenta Proceso— que hicieron pública una red similar, relacionada con el exgobernador Alejandro Murat, en la que figuraban servidores públicos del Registro Civil, del Registro Público de la Propiedad, del Instituto Catastral del estado de Oaxaca y al menos seis notarios públicos, quienes, según consignaron en investigaciones, se adueñaron ilegalmente de propiedades mediante operaciones bajo sospecha, como la presentación de documentos de personas fallecidas, entre otras anomalías.

En total, contra ese primer “cártel del despojo” se acumularon más de 200 denuncias.

En el caso de la comunidad indígena chatina de Santiago Cuixtla, que ha señalado la indebida disposición de tierras comunales en la zona de Playa Palmarito y alrededor de la Laguna de Manialtepec, a casi dos años (14 de abril de 2024) de que las autoridades comunales sostuvieron un enfrentamiento con individuos que se ostentan como propietarios mediante escrituras apócrifas, no hay avances en las denuncias.