EN MÉXICO HAY MÁS DE 90 MIL PRESOS SIN SENTENCIA DICE LA ONU

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU) reportó que en México hay 90 mil personas presas que se encuentran “en proceso”, es decir, sin sentencia, de las cuales alrededor del 50% está sujeta a detención preventiva oficiosa, una figura que viola el derecho a la libertad personal.

La agrupación visitó el país del 18 al 29 de septiembre de 2023 por invitación de del Gobierno de México. Este martes presentó su informe, el cual señaló que “ofrece una oportunidad”, pues aunque encontraron cambios positivos en el sistema penal, detectaron que la detención arbitraria aún es una práctica generalizada en el país que afecta particularmente a integrantes de los Pueblos Indígenas.

Expertos señalaron en el reporte ‘A/HRC/57/44/Add.1: Visita a México – Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria‘ que muchas de las personas detenidas “habían sido sometidas a una prisión preventiva oficiosa prolongada”, en algunos casos por más de cinco años.

“Es preocupante que la detención preventiva excesivamente prolongada es común entre todas las personas detenidas”, aseveró el grupo de trabajo al indicar que esta figura contribuyó a una población de cerca de 230 mil personas encarceladas , según cifras de julio de 2023.

En su informe, la agrupación también externó su preocupación por esta figura debido al riesgo de socavar otros derechos, como la presunción de inocencia, integridad personal, la independencia judicial y la igualdad ante la ley.

En tanto, indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la prisión preventiva oficiosa como una violación de las obligaciones de México, por lo que ordenó a las autoridades del país ajustar sus leyes para cumplir con los estándares internacionales.

Asimismo, expertos hicieron un llamado para que la prisión preventiva oficiosa solo pueda ser aplicada en función de una evaluación individualizada de cada caso.

“El Grupo de Trabajo insta a México a armonizar su enfoque sobre la detención preventiva oficiosa de la Constitución y estableciendo que ésta solo pueda aplicarse en función de una evaluación individualizada en la que se demuestre el riesgo de fuga, la interferencia con las pruebas o la repetición del delito”.