EL PARTIDO DEL TRABAJO SE LE PUSO PESADO A MORENA POR LA REFORMA ELECTORAL

La discusión del llamado Plan B de la reforma electoral volvió a exhibir el papel que el Partido del Trabajo ha aprendido a desempeñar dentro del oficialismo: el de un aliado incómodo, necesario, pero que podría dejar de serlo. La postura del partido refleja la lógica que ha guiado su supervivencia política durante la última década: utilizar su voto legislativo como moneda de cambio frente a Morena.

El PT, fundado en 1990, con pérdida de registro en por lo menos una ocasión y aliado tanto de la derecha como la izquierda, ha costado miles de millones de pesos, según los presupuestos en su historia.

Un año clave fue 1991. Los archivos del antiguo Instituto Federal Electoral (hoy INE) arrojan que el PT perdió su registro, pero lo recuperó al año siguiente.

En 1994 participó en los comicios presidenciales con un presupuesto de 2 millones 922 mil pesos. Sin embargo, con la reforma política de 1997, el financiamiento público para los partidos cambió y se dividió en actividades ordinarias permanentes, actividades específicas y gastos de campaña. A partir de ese año y hasta 2015, el partido dirigido por Alberto Anaya recibió 4 mil 103 millones de pesos.

A pesar de este financiamiento público, en sus más de 35 años de historia, la aportación en la vida política de este instituto ha sido testimonial, prácticamente nula, pues no ha logrado ganar por sí solo, por ejemplo, ni una sola ocasión una gubernatura o alguna elección importante.

Es precisamente la posibilidad de perder millonarias bolsas en financiamiento lo que habría estado detrás de su decisión de no apoyar las modificaciones en materia electoral. Un partido que ha navegado en la irrelevancia por décadas, pero que ha costado millones y millones de pesos al erario.

Aunque Morena, el PT el Partido Verde mantienen la mayoría calificada en el Congreso, el reciente rechazo del PT a respaldar la iniciativa enviada el 4 de marzo por la presidenta Claudia Sheinbaum evidenció que el acuerdo interno del bloque oficialista no es automático.

Detrás de esa decisión hay un cálculo político claro. En una entrevista reciente con Reporte Índigo, el politólogo Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advierte que la propuesta que buscaba eliminar o reducir la representación proporcional representaba un riesgo directo para los partidos aliados de Morena.

“Las iniciativas que buscan desaparecer o reducir la representación proporcional pondrían en riesgo la sobrevivencia del PT y del Verde. Sin los plurinominales, ambos perderían buena parte de sus bancadas. Por eso la negociación es tan tensa”, explica.

El segundo punto de fricción es el financiamiento. Un recorte general al dinero público para los partidos impactaría de forma desigual dentro del sistema político y afectaría, dadas las circunstancias, el flujo de recursos que ha tenido el PT desde hace más de una década.

Bajo estas condiciones, la reforma electoral no se definirá en un enfrentamiento entre oficialismo y oposición, como se esperaba que sucediera, sino dentro del propio bloque gobernante. Morena necesitaba al PT y al Verde para “pasar” la propuesta y, a cambio, esos partidos buscan garantizar que cualquier rediseño del sistema no comprometa su supervivencia política.

Durante la discusión de la reforma, la Asamblea aceptó una reserva que presentó la senadora Lizeth Sánchez García, del PT, para suprimir los cambios al artículo 35 sobre la revocación de mandato, por lo que esta figura se mantiene en los términos vigentes de la Constitución Política.