EL IMSS ENTREGÓ CONTRATOS DE MEDICAMENTOS AL YERNO DE ROCÍO NAHLE GOBERNADORA DE VERACRUZ

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, mientras pacientes se quedaron sin tratamientos porque los hospitales no los tenían, el gobierno federal entregó casi mil 200 millones de pesos en contratos sin licitación para adquirir medicamentos e insumos médicos a dos empresas que vendieron hasta 885% más caro cada pieza.

Las empresas pertenecen a la familia de Aldo Díaz Pérez, quien es socio del yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, en otras dos compañías. Díaz Pérez también fue funcionario de Segalmex, cuando en esa institución se desviaron 17 mil millones de pesos en el sexenio pasado.

Se trata de Ethomedical SA de CV y Abastecedora de Medicinas y Materiales SA de CV, que recibieron 761 adjudicaciones directas por parte de las delegaciones del IMSS en al menos 20 entidades del país entre 2020 y 2024. Por esto, el gobierno habría pagado 500 millones de pesos ‘de más’ a causa del sobreprecio.

Ethomedical vendió, por ejemplo, Bleomicina, un tratamiento contra el cáncer en 3 mil 200 pesos cada unidad a la delegación de Baja California en 2021. Aunque la misma medicina la compró en 329 pesos cada pieza el Instituto Nacional de Pediatría.

La Sitagliptina, tratamiento para diabetes mellitus –segunda enfermedad con mayor prevalencia en el país con 14.6 millones de pacientes– tuvo un sobrecosto de 617% en la delegación del IMSS de Morelos. Fue vendida en 850 pesos cada pieza en 2022, pese a que su costo en la compra consolidada fue de 118 pesos. Incluso, la vendió más cara que las farmacias comerciales, en donde puede adquirirse en 330 pesos.

En otros casos, ni siquiera hay pruebas de que los pedidos fueran entregados completos. Guanajuato pagó 12 millones de pesos por el anticoagulante postoperatorio Enoxaparina, pero sólo recibió 10 mil de las 17 mil unidades pedidas, según el reporte de entregas obtenido por transparencia.

En la delegación del IMSS de Sinaloa se adquirieron 1,260 piezas de Carboplatino, tratamiento contra el cáncer, pero no cuentan con ninguna prueba de que haya ingresado esas medicinas.

La proveedora fue Ethomedical, una empresa cuya experiencia se resumía en dos contratos por 2 millones de pesos en 2015, pero que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se convirtió en una de las favoritas.

Fue contratada de manera directa una y otra vez hasta acumular mil 134 millones de pesos entre 2020 y 2022. Año en que, además, fue enlistada por la Cofepris como proveedor irregular por incumplir medidas sanitarias.

La bonanza de Ethomedical coincidió con la compra de acciones en 2020 por parte de María Teresa Muñoz Caraveo, esposa de Aldo Díaz Pérez, el socio de Fernando Bilbao Arrieta, yerno de la gobernadora Nahle.

Juntos crearon las empresas Comercializadora Delta Dibal, SA de CV y Servicios y Premezclados Forte, SA de CV en 2017 y 2018, respectivamente. Ambas empresas recibieron depósitos por 100 millones de pesos por parte de empresas que obtuvieron permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la explotación de hidrocarburos entre 2019 y 2023, periodo en el que Nahle fue titular de Energía, de acuerdo a una investigación de N+Focus.

Díaz Pérez además fue subdirector de Venta Comercial en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) en 2019. Según su declaración patrimonial, su función era asignar contratos de bienes y servicios durante la gestión de Ignacio Ovalle, cuando ocurrieron desvíos por más de 17 mil millones de pesos. Caso investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y que tiene a tres detenidos.

El IMSS respondió a esta investigación argumentando que no hubo impedimento para contratar a estas empresas y que los precios de las adquisiciones resultan de una investigación de mercado que toma en cuenta distintos factores. (Aquí puedes consultar el cuestionario al IMSS y sus respuestas)

En tanto, Birmex y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, no respondieron a la solicitud de entrevista.

Mientras las empresas Ethomedical y Abastecedora de Medicinas y Materiales vendieron medicinas a sobreprecio, otros, como Sara Montenegro, tuvieron que hipotecar su único patrimonio para poder pagar su tratamiento y salvar su vida.

A los 58 años, Sara fue diagnosticada con cáncer de mama en Baja California. Era un periodo complicado porque todos los servicios de salud públicos estaban abocados en atender la pandemia de Covid en 2020, aún cuando enfermedades como la suya no pueden esperar. Afortunadamente tenía contratado un seguro contra cáncer con el que pudo cubrir la cirugía y cuatro quimioterapia.

Sin embargo, tres años después, el cáncer regresó. Esta vez fue en el colon, pero en la clínica 20 de Tijuana le dijeron que el aparato para la radioterapia estaba descompuesto y tal vez lo repararían en diciembre, aunque no le aseguraban la fecha de atención porque había lista de espera.

La mujer, que había dedicado 27 años de su vida al IMSS como asistente médica, decidió empeñar su único patrimonio: su casa. Consiguió 500 mil pesos y con eso pagó las sesiones de radioterapia en privado. Gracias a eso pudo salvar su vida por segunda vez.

Pero aún debe tomar exemestano, tratamiento para la remisión del cáncer de mama, por cinco años. Cada mes acude a su clínica, pero “a veces voy y no hay. En los últimos dos años he batallado más. Antes me decían que una semana y sí me la daban, pero de dos años para acá ha sido peor. Esta vez duraron dos meses para surtir una caja”.

Cuando no se la dan, Sara debe gastar 4 mil pesos por el medicamento, y también solventar las tomografías, colonoscopias y resonancias magnéticas para monitorear su estado de salud y confirmar que el cáncer no regrese.

A partir de su experiencia forma parte de grupos de Facebook donde otros pacientes exponen sus casos y entre todos se ayudan. Hacen rifas, se regalan medicamentos que les sobran o hacen coperacha para pagar medicinas. Aún así, no todas son historias de éxito.

“Hay gente que se ha muerto, me consta, porque no les han dado el tratamiento y no tienen la solvencia para comprarlo. A veces ya no tengo ganas ni de estar peleando. A veces ya no tenemos la esperanza de que esto mejore”, dice.

El caso de Sara no es aislado. Datos de la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH), en la que se demuestra que el gasto que hicieron los ciudadanos en 2022 para compra de medicinas creció en 39% en comparación con 2018; y los más pobres, incluso, gastaron el doble de recursos.